La Fiscalía sostiene que el acusado, en su calidad de director de Gitpa, contrató, en el año 2009 y siguientes,

el asesoramiento jurídico con la entidad "J&A Garrigues SA". En virtud de dicho contrato, en el curso del año 2009 abonó mensualmente la cantidad de 1.322 euros, lo que hace un total anual de 15.869 euros.

Además de esta cantidad, abonó otras más en concepto de asistencia letrada y otra de asesoramiento legal en relación con el proceso de adjudicación del contrato para la extensión de la cobertura de la TDT desde los Centros de Radiodifusión del Principado de Asturias.

También se abonó 18.000 euros en concepto de asesoramiento legal en relación con el proceso de adjudicación del contrato para la extensión de la cobertura de la TDT desde diversos emplazamientos ubicados en el Principado de Asturias.

El total facturado por la asesoría jurídica externa superó los límites establecidos para la contratación menor con vulneración de lo preceptuado en la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP).

El escrito de Fiscalía detaca además que existe identidad de objeto en los diversos contratos, todos ellos de asesoramiento jurídico, aunque sea distinto el objeto de las encomiendas que precisan de asesoramiento, por lo que se produce fraccionamiento contractual con vulneración de lo preceptuado en el Artículo 23 del TRLCSP, conforme al cual la duración de los contratos del sector público deberá establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de las mismas.

Por ello la Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de prevaricación y solicita que se condene al acusado a 8 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, junto con el pago de las costas procesales.