Devolver la deuda suele ser una labor hercúlea. Intentas tapar el vencimiento de una deuda contrayendo otra, cubres esta con otra nueva y así sucesivamente hasta que ves que no hay más puertas que llamar, tu debe está desbordado y los ingresos no te alcanzan para afrontar tus pagos. Y eso, si aún tienes ingresos y no estás desempleado.

El Gobierno aprobó en 2015 una Ley de Segunda Oportunidad para facilitar que las familias pudiesen escapar de esta dramática trampa de deuda. A diferencia de la ley concursal anterior, se contemplaba una posibilidad de quitas y no una simple liquidación de bienes. Es decir, había posibilidad de una extinción de la deuda, como se permitía hacer con las empresas.

Cada vez más personas optan por esta solución pare rehacer su vida. El año pasado 2.237 personas físicas se declararon en quiebra y solicitaron un concurso de acreedores en el juzgado, según los datos ofrecidos ayer por el Consejo General del Poder Judicial. Son un 41,7% más que los presentados un año antes y, sobre todo, suponen ya el 29,5% del total de los concursos de acreedores presentados en España, que alcanzaron los 7.594.

"El 90% de los concursos que tramitamos en nuestro despacho son de personas físicas", explica a 20minutos Apolonio Díaz de Mera, abogado de Bufete Rosales. El letrado asegura que las empresas fueron las que más optaron por esta salida durante la crisis pero ahora estas quiebras se producen por insolvencias, digamos, más naturales. "Con las personas físicas ocurre al contrario, cada vez llegan más desde la aprobación de aquella ley".

La norma de 2015 tenía claro en su preámbulo su objetivo: que una persona, dice el texto "tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer". Muchos han optado por este procedimiento. Pero aún son muchos menos que en países vecinos como Reino Unido, Francia o Alemania — registran de 50.000 a 150.000 anuales— y no digamos de EE UU, donde estos procesos se cuentan cerca del millón cada año.

"Es una cuestión de filosofía y tradición", explica Díaz de Mera. "Los estadounidenses llevan cien años permitiendo la segunda oportunidad y en España la implantamos porque nos obligó una directiva europea. Ni siquiera fue una iniciativa del Gobierno o de las Cortes", Una falta de voluntad parlamentaria que se observa con un simple ejemplo. "El formulario oficial para solicitar el concurso tardó seis meses en aprobarse después de tramitarse la ley, los despachos de abogados tuvimos que improvisarlo sobre la marcha durante este tiempo", recuerda este letrado.

"En Estados Unidos se premia haber fracasado dos veces porque se valora lo aprendido con ello", abunda Diego Comendador, vicepresidente de la Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac). Aquí pasa todo lo contrario, coinciden ambos expertos. Por eso cuesta encontrar personas que atestigüen en público haber acudido a un concurso de acreedores para salir de su drama personal. No quieren ser estigmatizados. "Aquí se ve como una lacra, la gente no quiere evidenciar sus dificultades", dice Díaz de Mera.

Las personas que acuden a concurso, según este letrado, son de todo estrato social. Cuanto más alto, más elevada la deuda. Pero el letrado destaca dos perfiles. Uno, avalistas de familiares que ahora no pueden cubrir la deuda. El otro, endeudados con créditos bancarios al consumo, con tarjetas de supermercados o préstamos pequeños de empresas crediticias. "Van sumando pequeñas cantidades hasta que la deuda se les ha hace inasumible", dice.

Desde Aspac lamentan que el concurso sea una solución "bastante desconocida" porque mejora la situación para el endeudado. Quizás no para quien solo tiene una deuda hipotecaria o con las administraciones públicas —este tipo de deuda es privilegiada y no son objetos de reducción— pero sí con el resto de deuda, para la que se pueden lograr quitas del 50% con mediación concursal si hay acuerdo con más de la mitad de los acreedores.

Si hay ciudadanos que aprovechan la nueva Ley de Segunda Oportunidad, esos son los catalanes. Hasta 799 se acogieron en 2017 a un concurso de acreedores, mucho más que otros núcleos poblaciones como C. Valenciana, (349), Madrid (279) o Andalucía (246). "Hay más concursos donde hay más actividad económica", dice Díaz de Mera; "pero quizá el catalán está más educado y son más capaces de evidenciar el fracaso sin tanto problema".