El informe, al que ha tenido acceso Europa Press y ha avanzado este viernes 'Diario de Mallorca', ha sido elaborado por el Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional y recoge varias actas levantadas en Calvià de infracciones por reparto de publicidad de BCM en la calle fuera del horario establecido o fuera de las zonas autorizadas, o sin la pertinente licencia.

Esta documentación fue encontrada en un registro practicado en un despacho del establecimiento y en varios folios aparecen notas manuscritas en bolígrafo. "A/A Pilar (Comercio). Te comentaré por teléfono estas denuncias por horario. Saludos", es una de las anotaciones.

Con todo, a pesar de que los expedientes se incoaron en 2002, nunca llegaron a resolverse. Tampoco se presentaron alegaciones.

La Policía requirió al Ayuntamiento que informara sobre las personas de nombre Pilar que hayan podido estar relacionadas con la tramitación de estos expedientes. El consistorio contestó que en sus bases de datos no figuraba ninguna persona que tuviese asignada específicamente la función de tramitar las actas, pero la Policía ha concluido que en el organigrama municipal sólo coincide con los datos Pilar Carbonell.

Entonces, Carbonell tenía encomendada la gerencia del ente gestor del Plan Integral de Calidad Turística de Calvià, dentro de la unidad de Desarrollo Económico, cuyo responsable era Jaime Nadal -quien también está investigado por presuntamente favorecer a los negocios de Cursach-.

Del mismo modo, en varias notas aparece otro nombre, también de mujer, y se ha identificado a una asistenta técnica de Comercio como la posible persona a la que hacen referencia estas anotaciones.

LA DISCOTECA CONTINUABA INFRINGIENDO LA NORMA PESE A LAS DENUNCIAS

Además, tras analizar la documentación la Policía resalta que la discoteca continuó cometiendo las infracciones a pesar de las constantes denuncias, lo que considera indicativo de que la empresa era consciente de que los expedientes no se iban a resolver.

Por todo ello, la Policía cree que las actas de denuncia fueron remitidas por los responsables del Grupo Cursach Ocio hacia Pilar Carbonell y la otra trabajadora de Comercio, con el objetivo de que no llegaran a resolverse.

El informe también reseña que varios de los tiqueteros de BCM se encontraban en una situación laboral irregular, al no estar dados de alta en la Seguridad Social.

Carbonell dimitió en noviembre de 2017 como directora general de Turismo del Govern después de que el juez Manuel Penalva la llamara a declarar como investigada por un presunto trato de favor a los negocios de Bartolomé Cursach. En su declaración negó los hechos y mantuvo que no conoce ni al empresario ni a su subordinado, Bartolomé Sbert.