La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia considera que el veto a la segregación de las actividades de ferroaleación y producción de energía eléctrica a Ferroatlántica "supone un límite al ejercicio de la actividad económica del operador".

Por eso, en un informe con fecha de 7 de febrero, insta a "la autoridad competente", la Xunta, a "señalar la concreta razón imperiosa de interés general que justificaría el mantenimiento de la limitación".

"Junto a ello, sin que baste la mera invocación de una razón imperiosa de interés general, debería motivar que la limitación que se pretende mantener es idónea para salvaguardar el interés invocado", recoge el documento, de siete folios.

También "deberá justificar", según añade, "que la decisión adoptada es la menos restrictiva posible, aportando los datos que permitan comprobar tal circunstancia".

Finalmente, deberá "quedar acreditado que la decisión de la autoridad competente no constituye un requisito de naturaleza económica o un requisito prohibido por no guardar relación directa con el ejercicio de la actividad", concluye Competencia.

VALORACIÓN DE FERROGLOBE

A raíz de este informe, Ferroglobe ha emitido un comunicado en el que destaca que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia "censura a la Xunta de Galicia por haber impedido la segregación de las centrales hidráulicas y las fábricas que Ferroatlántica tiene en Cee y Dumbría".

"La negativa, que abortó los planes de expansión de la compañía, supone un límite en el ejercicio de la actividad económica de la empresa, regulada en la Ley de Garantía de Unidad de Mercado (LGUM)", subraya.

En este sentido, resalta que "la Administración autonómica no acreditó la razón de su prohibición, no aportó datos concretos que la avalasen ni justificó su idoneidad".

Ferroatlántica está interesada en segregar para vender las centrales hidráulicas en los ríos Xallas y Grande de las fábricas de ferroaleaciones que tiene en Cee y Dumbría.

Para ello, solicitó a la Xunta que revocase una cláusula establecida a principios de los 90 que vincula las factorías con los activos energéticos. Pero la Administración autonómica "se negó", según recuerda, cuando el pasado año la empresa solicitó separar ambas actividades como "paso imprescindible para acometer una inversión de 100 millones de euros destinada a mejorar su capacidad de fabricación y crear 500 empleos nuevos en la provincia coruñesa".

"REFUERZA" SU DEFENSA JUDICIAL

Tras el rechazo oficial, el 26 de julio de 2017, el asunto se encuentra actualmente en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). La CNMC emite ahora un dictamen que a ojos de Ferroglobe "refuerza la defensa judicial de los derechos de Ferroatlántica y, además, expresa una rotunda disconformidad con la Xunta".

"Establece la Comisión Nacional que la negativa de la Administración autonómica a segregar centrales de fábricas supone un límite al ejercicio de la actividad económica del operador (Ferroatlántica), en la medida en que condiciona la gestión de su negocio, pudiendo constituir asimismo una barrera al acceso de nuevos operadores a la actividad de generación hidroeléctrica, al no resultar posible una segregación que permita la venta", explica.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia también reprocha a la Xunta no haber aportado razones "de peso ni datos" que avalen su negativa a la petición de la empresa.

Dos catedráticos de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago, José Luis Carro Fernández-Valmayor y Luis Míguez Macho, por encargo de la compañía, concluyeron en un dictamen que la Administración gallega carecía de base jurídica para negarse a la petición de la compañía, y que, al hacerlo, incurrió en una arbitrariedad.

En su opinión, la desestimación vulnera la libertad de empresa y el principio de interdicción de los poderes públicos, además de resultar "anacrónica porque la viabilidad de las fábricas de Cee y Dumbría no depende en nada del negocio hidroeléctrico".

"DE UTILIDAD PARA EL TSXG"

Para Ferroglobe, el informe de la CNMC "será sin duda de utilidad para los magistrados de la sala de lo contencioso-administrativo del TSXG, especialmente para verificar el cumplimiento de la LGUM".

Ante esta instancia llevó Ferroatlántica la defensa de sus derechos el pasado 9 de febrero, después de que, por vía administrativa, la Xunta se negase a rectificar.