Imagine que compra una cama nueva por un precio determinado y que, meses después, la tienda de muebles le llama, le dice que le lleva un cabecero nuevo, unas patas más solidas y que, claro, le cobrará la diferencia. Usted está contento con lo que tiene. Pero no tiene opción. Le traen los nuevos elementos y abona, obligado, esas mejoras que usted no solicitó.

Un caso similar, pero aplicado a las telecomunicaciones, es lo que denunció Facua el mes pasado por la subida de precios aplicadas por las principales operadoras (Movistar, Orange y Vodafone) a sus servicios y el motivo que ha llevado al Defensor del Pueblo a pedir explicaciones a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) y al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Ahora, es la oposición la que exige respuestas al Ejecutivo. El PSOE registró el pasado 7 de marzo un escrito en el Congreso en el que se insta al Gobierno a explicar qué información tiene sobre esta subida de tarifas, que evalúe si perjudica a los usuarios y si entiende que se ha producido un pacto entre estos tres operadores que se reparten casi toda la tarta del mercado de las telecomunicaciones.

"¿Qué medidas prevé adoptar el Gobierno si aprecia que se están vulnerando los derechos de los consumidores?", dice una de las cinco preguntas del escrito al que ha tenido acceso 20minutos y que firman cinco diputados socialistas. El Ejecutivo tiene tres meses para contestar a las preguntas, pero el grupo parlamentario socialista duda que vaya a pronunciarse hasta conocer la opinión de la CNMC.

"Es el organismo al que miramos todos", explica a este medio Óscar Galeano, uno de los firmantes del escrito. El regulador aún no ha dicho esta boca es mía pese a la denuncia de Facua y el requerimiento del Defensor del Pueblo. Al menos, de forma oficial. "Su presidente sí dijo en un foro que lo estaban mirando y sugirió que todo se solucionaría permitiendo al cliente rechazar mejoras y seguir pagando el servicio inicial", recuerda el diputado socialista.

Fuentes dela CNMC explican a 20minutos que están analizando una subida de precios que califican como "inquietante", aunque apuntan la dificultad de establecer comparaciones con otros países porque en España el 90% del mercado está paquetizado. En todo caso, expresan "preocupación" por si la subida de precios corresponde con los servicios ofrecidos y a una demanda del consumidor.

No es lo que está pasando. Los usuarios no pueden rechazar de motu proprio la mejora del servicio ni la subida de precios adherida. Como mucho, pueden enfadarse e irse a otra compañía. "Pero estamos en las mismas, porque este sector ha sufrido una concentración intensa, los operadores se han ido integrando y ahora no hay mucha opción de cambiarse a otra empresa que no haya subido también sus tarifas y actúe igual", lamenta Galeano.

Esa es otra de las sospechas. Que las tres firmas puedan estar pactando las subidas de precios. En los tres últimos años se repite el patrón: Movistar sube precios a comienzos de año y poco después se suman Orange y Vodafone (esta última en abril, al comienzo de su año fiscal). Para las compañías, se trata de simples estrategias de mercado y de una mejora de servicios para sus clientes. Para los denunciantes, sin embargo, puede existir algo más.

Los socialistas, al igual que Facua, temen que se esté dando una "práctica colusoria" y un abuso de la posición dominante en el mercado, algo que sanciona la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia. El defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, también inquirió sobre una subida de tarifas que "podría alterar la competencia efectiva en el mercado de las telecomunicaciones" y que "podría ocasionar perjuicios a los consumidores".

El grupo parlamentario del PSOE se reunirá antes de Semana Santa con las organizaciones de consumo para conocer su postura. Esas reuniones y la respuesta que ofrezca el Gobierno y la CNMC influirán en sus acciones futuras. La primera, sería llevar el asunto a debate en Comisión parlamentaria. Y si del informe de Competencia se revela un engaño al mercado, incluso estudiarían promover una intciativa para saber si se podrían regularse estas actuaciones. "Por supuesto, dentro de los límites que marca la libre competencia", zanja Galeano.