La Guardia Civil detuvo este jueves al secretario de Difusión y Atención Ciudadana de la Generalitat, Antoni Molons, y registró su despacho en el Palau de la Generalitat y la sede de Òmnium Cultural, por orden del juez del 1-O, para averiguar si el Govern financió publicidad del referéndum mediante pagos opacos a la entidad soberanista. Molons fue puesto posteriormente en libertad con cargos.

Según informaron fuentes jurídicas, la operación de la Guardia Civil se enmarca en la nueva línea de investigación que ha abierto el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que indaga los preparativos del referéndum, por un posible delito de malversación de fondos públicos en la financiación del 1-O.

Los agentes registraron el domicilio de Antoni Molons en Sant Joan Despí (Barcelona) y, posteriormente, su despacho en el Palau de la Generalitat, situado en la plaza Sant Jaume de Barcelona, en lo que supone la segunda irrupción de la Guardia Civil en la sede del Govern en pocos meses: el pasado mes de julio lo hizo para recabar la agenda del exconseller Germà Gordó, por el caso del 3% de presunto pago de comisiones a CDC.

Paralelamente, los agentes registraron durante más de diez horas horas la sede de Òmnium Cultural en Barcelona, donde rastrearon diversa documentación y datos almacenados en los ordenadores, así como el correo electrónico de la entidad soberanista.

En Òmnium Cultural hubo varios trabajadores retenidos junto con miembros de la dirección de la entidad. Los agentes, además, bloquearon el correo electrónico de los empleados y les cambiaron las contraseñas, según fuentes de Òmnium.

Las mismas fuentes indicaron que la Guardia Civil se ha llevado "la contabilidad de 2016-2018" de la entidad, en papel y copia en CD, en total 10 gigabytes de documentación y 320 del banco de imágenes gráficas, además de tres teléfonos, cuatro discos duros y la intervención de cuatro correos de trabajadores.

El Instituto Armado ya entró en las dependencias de Òmnium el 24 de enero para recoger por orden judicial los correos electrónicos del presidente de la entidad, Jordi Cuixart, y el mismo día entró también en la sede de la ANC.

Los registros se vinculan con el pago de las campañas de publicidad del referéndum, que el Tribunal Constitucional consideró ilegal y que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ordenó impedir.

El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, investiga los preparativos y recursos destinados al referéndum del 1-O tras abrir una causa a raíz de las conferencias en las que el exsenador de ERC Santi Vidal aseguró que el ejecutivo catalán disponía de una partida "camuflada" de 400 millones de euros para organizar la consulta.

Mientras, el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, negó que la entidad se financie con dinero público y avisó de que no se dejará "amedrentar" por registros como el de este jueves en su sede en Barcelona: "Pedimos que paren ya estas hostilidades, esta represión", ha dicho.

"No encontrarán, seguro, ningún tipo de vinculación económica entre la Generalitat y Òmnium", recalcó Mauri, qseñalando que "desde hace muchos años" la entidad "se financia de forma privada y no recibe ningún euro de la Generalitat".

El secretario de Difusión de la Generalitat, Antoni Molons, que este jueves fue detenido por la Guardia Civil, apuntó en una testifical de noviembre pasado ante el instituto armado al exconseller de Presidencia Jordi Turull como el responsable de autorizar la publicidad del Govern sobre el 1-O.

Molons, que fue trasladado a la Comandancia de la Guardia Civil al finalizar el registro de su casa y de su despacho en el Palau de la Generalitat, ya fue interrogado como testigo por el instituto armado el 8 de noviembre pasado, en el marco de la investigación ordenada por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona por los preparativos del 1-O.

Según informaron fuentes de la investigación, durante el interrogatorio de noviembre pasado los agentes de la Guardia Civil preguntaron a Molons por el anuncio del Govern en el que aparecían unas vías de tren y el lema "Has nacido con la capacidad de decidir, ¿renunciarás a ella?", con el emblema de la Generalitat y la frase: "1-Oct Referéndum de Autodeterminación de Cataluña", que se enmarcaba en su campaña denominada "Civisme".

Ante los agentes de la Guardia Civil, Molons afirmó entonces que fue Turull, como conseller de Presidència, quien autorizó el contrato marco de la campaña "Civisme", que tenía un presupuesto global de 2,7 millones de euros y que finalmente no se llevó a cabo, aunque el anuncio sobre las vías y el referéndum sí se emitió en los medios públicos de la Generalitat.

Sobre este anuncio, Molons alegó durante el interrogatorio que desconocía quién lo creó, aunque detalló que le llegó desde la Consellería de Presidencia y que la persona que le dio el mensaje de la campaña de "Civisme" fue Turull, aunque no le entregó ningún documento digital sobre la campaña ni instrucciones de cómo llevarla a cabo, ya que esas instrucciones "fueron verbales", según las fuentes.

La campaña de "Civisme", ideada inicialmente para julio y agosto del pasado año, fue rechazada por algunas empresas homologadas por la Generalitat, que no la quisieron elaborar por su connotación política sobre el referéndum —que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional—, por lo que el Govern la tramitó de urgencia para poderla emitir antes del 1-O.

De hecho, durante el interrogatorio en la Guardia Civil de noviembre pasado, Molons aseguró que, una vez rechazada la campaña "Civisme" por las empresas homologadas, se reunió con Turull y ambos acordaron emitir los anuncios solo a través de los medios públicos, en una decisión que fue "aceptada y autorizada" por el entonces conseller, actual diputado de JxCat y uno de los imputados por rebelión por el Tribunal Supremo, causa por la que estuvo en prisión provisional.

Según un informe de la Guardia Civil, Molons acordó incluir estos anuncios sobre el 1-O "a sabiendas de que constituía una clara resolución injusta", que ya había sido advertida por la Subdirección General de Régimen Económico y de Contratación, que había alertado de que no podían incurrir en gastos públicos destinados al referéndum ilegal.

Según la Guardia Civil, este anuncio sobre las vías supuso un coste de 277.804 euros.

La Guardia Civil también preguntó a Molons en su testifical de noviembre pasado sobre el destino dado al presupuesto de la campaña "Civisme", que era de 2,7 millones de euros en su global, al no haberse llevado a cabo, salvo el anuncio sobre el 1-O emitido por los medios públicos.

El alto cargo de Presidencia aseguró entonces como testigo que el presupuesto no se llegó a ejecutar y que creía que el dinero seguía "en las arcas de la Generalitat".

Sin embargo, la Guardia Civil sostiene en su informe que se "desconoce la certeza" de esta afirmación de Molons sobre el destino de este dinero.

Molons también impulsó desde su cargo como secretario general de Difusión de la Generalitat la campaña publicitaria sobre los catalanes en el exterior, en la que la Guardia Civil aprecia un "claro propósito" para difundir un mensaje "estrechamente relacionado" al referéndum del 1-O y para administrar el voto de los catalanes en el exterior para esta consulta.

Esta campaña tuvo un presupuesto de 224.835 euros, según las facturas que obran en poder del instituto armado.

Por otra parte, el titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona ha citado a declarar como testigos a una decena de personas los próximos 21 y 27 de marzo, informó este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

El juez Juan Antonio Ramírez Sunyer ha citado para el próximo miércoles a partir de las 16 horas a cinco testigos vinculados con la empresa Unipost, cuyo director general fue detenido por la Guardia Civil en el marco de la investigación y sus sedes registradas por su presunta vinculación con la logística del 1-O.

Antes del referéndum, el 19 de septiembre, la Guardia Civil había encontrado en esta empresa 45.000 certificados para las mesas del 1-O y un contrato por valor de siete millones de euros.

Para el martes 27 están citados desde las 16 horas otros cinco testigos relacionados con la construcción de páginas web del referéndum, según el TSJC.