La vista, prevista para el pasado 22 y 23 de enero, fue suspendida al no haberse citado a los interventores para que comparecieran y declarasen en la sesión. Así, se pospuso para poder citar como testigos a una interventora interina y al titular cuando sucedieron los hechos, -entre 1998 y 2002-, Fernando Urruticoechea, que hace casi un año obtuvo plaza en Torre Pacheco (Murcia).

Su declaración sería "muy interesante", además de "necesaria" e incluso "imprescindible", según apuntó el fiscal, que propuso la suspensión del juicio, petición apoyada por la defensa y la acusación particular, ejercida por el Consistorio, y que fue aceptada por la sala.

Así las cosas, al comenzar la vista inicial, señalada hace dos meses, y después de que los dos acusados manifestaran que no estaban de acuerdo con los hechos que les imputan -y por los que se enfrentan a cinco años de cárcel cada uno, por falsedad en documento mercantil y estafa y, en el caso de él, también por el delito de actividades prohibidas a funcionarios- se planteó la suspensión.

También se presentaron una serie de cuestiones previas, relacionadas una de ellas con un defecto procesal en la personación del Ayuntamiento en la causa, por lo que debía constar, de cara a esta nueva fecha, un decreto de Alcaldía o acuerdo del Pleno de la Corporación.

LOS HECHOS

En cuanto a los hechos en sí, y según el escrito de la Fiscalía, el acusado aprovechó su condición de empleado municipal del Ayuntamiento de Castro Urdiales con la categoría de electricista concertándose con su esposa, quien se dio de alta como responsable de un almacén de electricidad, para elaborar facturas de venta de material eléctrico que el Consistorio abonaba.

De mutuo acuerdo, según las conclusiones provisionales, los dos confeccionaron facturas que no se correspondían con efectivas ventas de material y, entre 1998 y 2002, la supuesta empresa de la esposa del electricista municipal cargó al Consistorio castreño un total de 336 facturas.

El importe total de las mismas ascendió a 376.189 euros, pese a que los gastos en los que incurrió por pagos a sus proveedores ascendieron durante el periodo a 78.806 euros.

El fiscal considera los hechos un delito continuado de falsedad en concurso con otro de estafa, además de un delito de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos.

Por ello, solicita una condena de cinco años de prisión y 9.450 euros de multa para el empleado municipal, para el que además pide la suspensión de empleo o cargo público por un periodo de dos años. Para su esposa, el Ministerio público reclama una condena de prisión de cinco años y una multa de 5.400 euros.

En concepto de responsabilidad civil, solicita que los dos acusados indemnicen conjunta y solidariamente al Ayuntamiento castreño en la cantidad de 296.332 euros.

El Consistorio ejerce la acusación particular y solicita las mismas penas que el fiscal, mientras que la defensa del matrimonio pide la libre absolución y, en caso de que se aprecie responsabilidad criminal, reclama que se aplique la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas ya que han pasado 20 años desde el inicio de los hechos.