Iñaki Urdangarin y Diego Torres fueron "el motor" de los delitos en la trama Nóos y los "instigadores de la corrupción" de los funcionarios públicos que quedó probada en la sentencia que la Audiencia de Palma dictó el pasado año. Ha sido una de las argumentaciones más duras escuchadas este miércoles durante la vista de los recursos en el Tribunal Supremo. La ha pronunciado la fiscal.

La representante del Ministerio Público ha pedido a la Sala de lo Penal que eleve las penas impuestas a los dos principales condenados en la causa: de seis años y tres meses a 10 años de prisión en el caso del marido de la infanta Cristina; y de ocho años y seis meses a 12 años y cuatro meses de prisión en el de su exsocio. La fiscal tiene claro que entre ellos y algunos cargos de la Administración hubo "voluntad y concierto" para el desvío de millones de euros de las arcas de Baleares y la Comunidad Valenciana a través de la celebración de convenios y foros, entre otros elementos.

Uno de esos responsables fue el expresidente balear Jaume Matas, para quien la fiscalía pide ahora un año más, hasta cuatro y ocho meses. Él, Urdangarin y Torres son los tres procesados, de 17, que salieron del juicio con posibilidad de entrar en prisión cuando la sentencia fuera firme; como aún no lo es, están en libertad provisional. Hubo ocho absoluciones, entre ellas las de los 'arrepentidos' de la rama valenciana, y dos condenas (sin delito) por responsabilidad civil a título lucrativo: Cristina de Borbón y Ana María Tejeiro, esposa de Torres.

La sesión, que ha durado cuatro horas, ha sido muy técnica —a ratos farragosa— y ha congregado a decenas de periodistas pese a que ninguno de los protagonistas estrella ha estado presente, solo sus abogados, los encargados de resumir los alegatos.

Mario Pascual, letrado defensor de Urdangarin, ha llegado a decir que "parte de la sociedad y de los medios de comunicación" han condenado ya a su cliente, al que en ningún caso se le puede achacar un tráfico de influencias derivado de su condición de consorte real; cualquier conducta así, en cualquier caso, sería "impune por atípica", ha añadido en un sorprendente giro. Nunca hubo tampoco, en su opinión, ni malversación, ni fraude ni falsedad. Ni delito fiscal, ya que, ha apuntado, ni siquiera se han concretado las cantidades de dinero a "reprochar".

Por tanto, ha pedido la libre absolución, al igual que el abogado de Torres para su cliente. Este ha sostenido que toda la documentación del caso aportada por su defendido se ha dado "por buena" y que, en general, "toda la tesis" de la causa "carece del más elemental de los soportes". Por último, el abogado de Matas ha centrado buena parte de su discurso en desacreditar el testimonio del ex director general de Deportes de Baleares José Luis Pepote Ballester, que en el juicio señaló al expresidente como el que daba todas las órdenes.

Ha habido otros cuatro intervinientes destacados. La primera, la Abogada del Estado, que entre citas a autores como Montesquieu —"La ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie"— ha pedido aumentar la sanción al cuñado del rey por encima de los 300.000 euros por el IRPF que dejó de pagar a través de sus sociedades; de rebote, por tener el 50% de la responsabilidad, la infanta tendría que pagar unos 35.000 euros adicionales en su condición de partícipe a título lucrativo. Una revisión análoga, ha explicado, se tendría que aplicar al matrimonio Torres-Tejeiro.

En segundo lugar, la acusación de Baleares ha solicitado que se le restituyan más de dos millones de euros de los convenios firmados con Nóos, cuyos responsables, ha valorado la letrada, cometieron malversación.

El sindicato Manos Limpias, por su parte, ha pedido a tribunal no tener que pagar las costas del juicio, como decretó la Audiencia, y ha aprovechado para insistir en que su acusación contra Cristina de Borbón no fue "baladí". A su juicio, no fue absuelta, ya que "tiene que devolver un dinero al fisco –265.088 euros–, que era de todos los españoles".

Por último, Pau Molins, defensor de la infanta, ha apelado a la inocencia de esta y ha acusado al sindicato de querer "lesionar su dignidad". El Supremo tardará todavía unas semanas en tomar una decisión sobre los recursos. Los condenados, además, podrían acudir al Constitucional. Así ha transcurrido la vista: