El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dictado una providencia en la que cita para el próximo viernes 23 a las 10.30 horas a seis de los encausados en el proceso independentista: Carme Forcadell, Jordi Turul, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa y Marta Rovira.

A todos ellos los cita para que acudan acompañados de letrado "a fin de practicar la comparecencia prevista en el artículo 505 de la ley de enjuiciamiento criminal". Es decir, que el viernes el juez Llarena decidirá si acuerda medidas cautelares contra ellos y notificarles el auto de procesamiento por el 1 de octubre. Además, someterá a las personas citadas a una vistilla para decidir si les impone prisión preventiva o las mantiene en libertad bajo fianza.

El instructor Llarena ha decidido además cerrar la instrucción por la causa de rebelión y sedición por el 1 de octubre y dejar a parte la pieza de malversación de caudales públicos, por tanto ha abierto una pieza separada por malversación.

La citación del juez que instruye en el Supremo el sumario por el proceso independentista, Pablo Llarena, podría dar al traste el viernes con el considerado "plan C" para desbloquear la investidura en Cataluña enviando a prisión al candidato Jordi Turull. El magistrado ha anunciado para ese mismo día el procesamiento de Turull, lo que podría conducir a su suspensión si se le aplicara el delito de rebelión.

Y es que la citación -prevista según el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal- señala que "cuando el detenido fuere puesto a disposición del juez de instrucción o tribunal que deba conocer de la causa, éste, salvo que decretare su libertad provisional sin fianza, convocará a una audiencia en la que el Ministerio Fiscal o las partes acusadoras podrán interesar que se decrete la prisión provisional del imputado o su libertad provisional con fianza".

Es decir, el juez está planteando imponerles prisión preventiva. Y tanto Oriol Junqueras como Jordi Sánchez han visto imposibilitada su concurrencia a ese cargo, para el que el segundo ha llegado a ser candidato, debido a su estancia en prisión, todo ello en función del criterio del juez Llarena de no permitirles acudir al Parlament.

Por otro lado, la posibilidad de que procese a Turull por rebelión conduciría, si ese auto de procesamiento fuera confirmado después por el Supremo y una vez acordada la prisión preventiva, a su suspensión del cargo público.

Según fuentes del Supremo, los delitos que los autos de procesamiento plantearán a los imputados en el caso abierto en el Supremo por el proceso independentista serán o bien sedición o bien rebelión, pues el sumario abierto por este caso es ordinario, lo que requiere que las penas implicadas sean superiores a nueve años. En el caso de procesar por rebelión, debe ser tenido en cuenta el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Prevé que cuando se dicte un auto de procesamiento firme y se decrete la prisión provisional por un delito relacionado "con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes", aquel procesado que ostente un cargo público quedará "automáticamente suspendido" en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión.

La elección del delito de rebelión en los autos de procesamiento podría suponer un vuelco en el camino esbozado por los partidos soberanistas para desencallar la investidura tras los fiascos de Carles Puigdemont y Jordi Sánchez, el primero por estar huido en Bélgica y el segundo por permanecer preso, y no solo en relación con Turull.

Los seis citados son parlamentarios en la actual legislatura (al igual que Sànchez y Oriol Junqueras, que ya están presos) y si el juez los procesa por rebelión y a su vez ordena su ingreso en prisión, los encaminaría a la suspensión en el momento en el que el auto fuera firme.

Para que el juez decrete el ingreso en prisión es necesario que alguna de las acusaciones personadas lo solicite, pero, con independencia de lo que haga la Fiscalía, se da por seguro que Vox, que ejerce la acusación popular, lo pedirá.

El Supremo pedirá la detención internacional del expresidente catalán Carles Puigdemont si no acude el viernes, cuando tiene previsto dictar su auto de procesamiento, según informan fuentes del alto tribunal.

El juez que investiga el proceso independentista en el Supremo, Pablo Llarena, ha citado para el viernes a los 28 imputados en este sumario, a quienes va a comunicar los autos de procesamiento.

Si Puigdemont o los otros fugados no acuden ante el tribunal, el magistrado, que retiró la euroorden contra ellos solicitada por la Audiencia Nacional, pedirá una nueva orden de detención.

Los autos de procesamiento no determinan necesariamente que Llarena finalice su instrucción, pero sí implican que el proceso entra en una fase final y que las decisiones tenderán a acelerarse, entre ellas la de dictar una orden internacional de detención contra Puigdemont y los otros exconsellers huidos de la Justicia en Bélgica, según han indicado a Efe las fuentes citadas.

Llarena ya ha explicado a lo largo de la instrucción su preferencia por no dictar la orden internacional de detención contra Puigdemont y los otros consellers huidos hasta no tener bien sustentadas las imputaciones y los indicios en un auto de procesamiento que el viernes ya estará listo