Uno de los retos que afronta es la ampliación de la estación de metro de Gran Vía y su conexión subterránea con la estación de Sol. ¿Hay ya fecha para el comienzo de las obras?

La obra de metro de la Gran Vía van a empezar de forma inminente. Solo estamos pendientes de que nos conceda la licencia municipal de ocupación de la vía el Ayuntamiento de Madrid. Pero esto va a ser ya mismo. Todos los informes que tenemos son favorables.

¿Cuánto van a durar finalmente las obras?

El desarrollo de las obras será de doce meses, sin incluir las actuaciones de accesibilidad.

¿Cuáles son las principales actuaciones?

Está prevista la ampliación del vestíbulo de la estación de Gran Vía, que pasará de 908 a más de 2.000 m2. También conectaremos la estación con la de Sol, aprovechando el pasillo que construyó en su momento ADIF. Este nuevo túnel tendrá 85 metros de longitud y 5,5 metros de anchura. La previsión es que lo utilicen a diario más de 23.000 viajeros.

Comerciantes y vecinos de la zona mostraron de inicio sus reticencias. ¿Se ha logrado llegar a un acuerdo?

Hemos mantenido reuniones para consensuar cómo va ser la ocupación en la vía pública, explicarles con detalle el proyecto y pedir su colaboración y sus sugerencias para minimizar todo lo posible las molestias. Nadie se ha opuesto porque es un proyecto necesario para la ciudad.

¿Cómo va a ser la movilidad en esa zona?

La zona que se acotará al paso de viandantes para el desarrollo de los trabajos en la superficie se va a reducir al mínimo para dejar así mayor distancia entre las vallas y las fachadas. Esta distancia permitirá el paso de los vehículos de emergencias y garantiza el máximo nivel de seguridad para trabajadores y viandantes. Las obras, además, se van a concentrar para reducir drásticamente la ocupación en superficie de la calle Montera antes del próximo periodo navideño.

Metro de Madrid también está siendo protagonista de la actualidad por la presencia de amianto (sustancia cancerígena) en la red. ¿Qué actuaciones se están llevando a cabo?

Tenemos previsto un plan de desamiantado que ha sido consensuado con los sindicatos. Por otro lado, vamos a seguir trabajando en dos líneas: la investigación con respecto a la venta de vagones de Metro con amianto a Buenos Aires y en una auditoría interna de cómo se ha trabajado este asunto. Este tema ha dado muchos titulares y mucho trabajo, sobre todo, a la oposición, ya que ha querido poner el foco de una forma generosa en la información, muchas veces sacada de contexto.

¿Cree que se debería cerrar este tema con alguna dimisión como pide la oposición?

La oposición ha dejado claro con el tema del amianto que quiere hacer política a base de comisiones de investigación. Ellos están en su derecho. Nuestro estilo es trabajar y proponer soluciones. Han pedido la dimisión de Borja Carabante (consejero delegado de Metro), que ha sido el impulsor de ir más allá de lo que la normativa establece.

El abono joven ha sido uno de los grandes logros de este Ejecutivo. Sin embargo, no ha tenido éxito el abono para parados. ¿Se han planteado redefinir la medida?

Está claro que el éxito del abono joven no se ha conseguido con el abono para parados de larga duración y habrá que seguir trabajando para mejorar. Pero no creo que se pueda hablar de fracaso. Tenemos que seguir trabajando para conseguir darle un recurso a quien lo necesita.

El Ayuntamiento anunció su intención en volver a entrar en el accionariado de Metro de Madrid. ¿Ha habido alguna novedad en este sentido?

Es cierto que la concejala de Movilidad, Inés Sabanés, planteó en la comisión delegada de Metro de Madrid que podíamos empezar a estudiarlo a nivel técnico, pero no de forma inmediata sino a medio y largo plazo.

Metrosur cerrará de nuevo este verano 14 estaciones por obras. Algunos informes hablan de una mala planificación y ejecución de los trabajos. ¿Se van a reclamar las deficiencias a la concesionaria?

Ahora estamos en resolver las patologías de la red. En Metrosur existe un problema de velocidad que va unido a la localización de las placas donde está la sujeción de las vías del tren. Pero en ningún caso existe un problema de seguridad. Si se confirmara y los informes técnicos dijeran que ha habido mala praxis en el pasado la Comunidad actuaría en consecuencia, como se ha hecho en la línea 7B. Pero a día de hoy esa situación no se contempla.

¿Estará listo este año el carril bus-VAO de la A-2?

No sería riguroso por mi parte hablar de plazos en este momento. Lo que sí es cierto es que es un proyecto en el que no hay hormigón por medio, lo que implica que no hay que generar una infraestructura y plazos largos. Estamos hablando de señalización y de un proyecto para que el transporte público tenga la posibilidad de hacer la entrada y la salida de de la ciudad de Madrid de forma más ordenada.

¿Se podrían extender a otros puntos?

Está claro que en esta materia el bus-VAO es el futuro. No hay previsión de nada, pero cuando veamos que funciona bien en la A-2 puede exportable a otras carreteras.

Hubo un proyecto para completar el cierre de la M-50 que se paralizó por la crisis. ¿Hay planes para retomarlo?

Ese proyecto corresponde a Fomento, aunque sí es cierto que nuestra ambición es tener las mejores infraestructuras posibles. A día de hoy no está en cartera, pero me consta que hay municipios que lo están reivindicando al ministerio.

El parque público de viviendas regional sufrió una merma con la venta de casi 3.000 pisos a fondos de inversión. ¿Qué se ha hecho para paliar este déficit?

En esta legislatura ya se ha superado la cifra comprometida de 1.200 viviendas pública y se han entregado cerca de 2.090 pisos protegidos.

¿Cómo se combate a las mafias que siguen okupando pisos sociales?

En este sentido hemos mantenido reuniones con la delegada del Gobierno que ya están dando sus frutos. De hecho, hay una comisión de seguimiento. Y luego no tenemos que olvidar que también dependemos de los jueces para decidir que esas personas no están en su derecho de estar ahí.

BIO. Nació en 1969 en Guadalajara. Licenciada en Sociología, ha sido jefa de gabinete de Cristina Cifuentes cuando la presidenta regional era delegada del Gobierno en Madrid (2012-2015). Es consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras desde septiembre de 2017. Está casada y tiene dos hijos.