En rueda de prensa, Hernández ha remarcado "la necesidad de reforzar nuestra legislación" ante un fenómeno social "que se ha incrementado en los últimos años" y que, según ha dicho, "viene promovido por grupos delincuentes organizados que usan las viviendas para obtener un lucro a costa de las familias golpeadas por la crisis" o, en otros casos, que "se utilizan como base de operaciones para actividades criminales como tráfico de drogas en los denominados 'narco pisos'".

"Presentamos medidas para defender a los ciudadanos que cumplen, perseguir a quienes no lo hacen y defender a las familias que esperan acceder a sus viviendas", ha defendido la edil, quien ha hecho especial énfasis en que todas estas iniciativas "deberán tener presentes a aquellas familias que por circunstancias sobrevenidas y ajenas a su voluntad, por la necesidad de una vivienda se ven en manos de estas organizaciones criminales".

En este sentido ha recordado que la Proposición de Ley presentada recientemente por Ciudadanos en el Congreso "se ocupa también de la solidaridad, intentando evitar que la ocupación ilegal pueda ser una alternativa para atender una necesidad habitacional".

En el caso particular de la capital almeriense, ha puesto como ejemplo las ocupaciones ilegales existentes en viviendas de Villablanca, Torrecárdenas o, incluso, en pisos de protección oficial en el barrio de Piedras Redondas.

"Todo esto ha generado desprotección para los propietarios de los inmuebles e inseguridad para los vecinos que se han de enfrentar a estas situaciones y a la impunidad de los delincuentes y las mafias", ha destacado Hernández, quien ha pedido que el pleno del Ayuntamiento de Almería apoye de forma expresa la propuesta de modificaciones legislativas que se ha presentado recientemente en el Congreso de los Diputados.

También ha solicitado, en segundo lugar, la puesta en marcha de un Plan de Protección de la Convivencia y Seguridad Vecinal contra la ocupación ilegal que incluya, entre otras medidas, la creación de una 'Oficina de Defensa de los Derechos de los Vecinos Afectados por la Ocupación Ilegal'.

En tercer lugar desde la formación naranja se propone al pleno del Consistorio de la capital que se refuerce de manera inmediata la presencia policial y patrullaje preventivo en las zonas afectadas por el problema de la ocupación, y, por último, que en plazo máximo de tres meses se inicien los trabajos de elaboración de un censo de viviendas ocupadas donde se indique el tipo de ocupación, diferenciando las mafiosas de las personas que las realicen por razones de necesidad.