Así, han indicado que, con ello, se adelantaría su terminación hasta otoño de 2019. La propuesta ha contado con el apoyo del equipo de gobierno, y la abstención de los concejales del PP y Vecinos por Benalmádena.

El alcalde, Víctor Navas, ha pedido a los representantes de los diversos partidos con representación en el pleno "que se olviden de los intereses partidistas y piensen en las miles de personas que a diario padecen los atascos".

En este sentido, la portavoz del grupo municipal socialista, Ana Scherman, ha criticado que "tanto los concejales del PP como el portavoz de Vecinos por Benalmádena, Juan Antonio Lara, hayan recurrido a todo tipo de contorsiones políticas y argumentos forzados para alinearse con los intereses del Gobierno en este asunto, dando la espalda a los benalmandenses".

Así, ha apuntado que "a pesar de la enorme envergadura del proyecto, el Gobierno sólo ha dedicado este año una partida de 600.000 euros, a todas luces insuficiente en una obra con un presupuesto global 10,1 millones de euros".

"Llevamos ya seis meses de obras y podemos constatar que su desarrollo es muy lento, con lo que difícilmente podrán cumplir con esa reducción del plazo de 57 a 18 meses, con la que Fomento se comprometió en el comunicado de prensa que remitió a los medios con motivo de la colocación de la primera piedra", ha detallado Scherman.

"Pasan los meses y las obras siguen sin avanzar a un ritmo adecuado", ha apostillado el concejal de Movilidad, Bernardo Jiménez, considerando que "este recorte en los plazos es una cuestión de voluntad política para reorganizar las partidas e incrementar su cuantía, y poder así acortar los plazos".

Por otro lado, el pleno ha aprobado por unanimidad la constitución de una comisión especial para estudiar y valorar los diversos informes sobre la contratación de los operadores de sala en un intento por dar una "salida viable jurídicamente" a la readmisión de los once operadores de sala de emergencias de Bomberos y Policía Local.

"La comisión estará integrada por representantes de todas las fuerzas políticas presentes en el pleno, y por los asesores jurídicos externos que han realizado informes valorando la situación", ha apuntado Navas.

En este sentido, el regidor ha recordado que "la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Racionalización de la Administración Local, aprobada por el Gobierno del PP, nos obliga a cesar la actividad de estos operadores tras un plazo máximo de tres años por ser trabajadores interinos acogidos a un programa de carácter temporal".