El Tribunal Supremo ha condenado a una empresa de reclamación de deudas a indemnizar con 10.000 euros por daños morales y al honor a una mujer cuyos datos incluyó en dos registros de morosos por una deuda de 200 euros que Vodafone le exigió y con la que ella estaba en desacuerdo.

Vodafone había cedido el crédito por el importe de la deuda que reclamaba a dicha persona a la empresa Sierra Capital Management 2012, S. L., que fue la que incluyó a la mujer en las listas de morosos, con el consiguiente perjuicio para ella.

El Supremo destaca que no cabe incluir en ese tipo de ficheros a quienes "legítimamente discrepan del acreedor respecto de la existencia y cuantía de la deuda", como ocurrió en este caso.

El tribunal estima el recurso de la mujer, exclienta de Vodafone, y anula la sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo, que no consideró ilícita la inclusión de los datos personales en los registros de morosos. Así, repone la vigencia del fallo del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Lena, que sí apreció la vulneración del derecho al honor de la mujer por parte de Sierra Capital Management 2012, S. L.

La sentencia relata que la demandante firmó un contrato de telefonía con la empresa Vodafone en abril de 2011 y que desde el principio de su relación contractual se produjeron irregularidades en la facturación emitida por Vodafone que la mujer comunicó a la operadora de telefonía, de modo que la compañía fue emitiendo diversas facturas rectificativas en las que eliminaba cargos indebidos.

La clienta, no satisfecha con la actuación de Vodafone, se dio de baja en el servicio en agosto de 2012. Tras esta baja, la empresa le giró varias facturas en las que se incluían cantidades correspondientes a penalizaciones. La demandante solo pagó parte de estas facturas, por no estar conforme con su importe total.

Vodafone cedió a Sierra Capital Management 2012, S. L. un crédito de 297,80 euros que afirmaba tener frente a la excliente. Sierra Capital remitió a esta en julio de 2013 una carta en la que le comunicaba la cesión del crédito, le reclamaba el pago de 297,80 euros y le advertía que si no efectuaba el pago en el plazo de diez días, incluiría sus datos en un registro de morosos.

La mujer solo pagó la cantidad de 97,80 euros por no estar conforme con las penalizaciones que se le pretendía cobrar, y Sierra Capital comunicó sus datos a dos ficheros de datos sobre solvencia patrimonial, Equifax, en agosto de 2013, y Experian, en octubre de 2015, por una deuda de 200 euros. Estos ficheros comunicaron estos datos a varias entidades crediticias.

En junio de 2015, la mujer solicitó una tarjeta de crédito en Banco Popular y le fue denegada por estar incluida en un fichero de morosos.