Dos fenómenos se conjuntan este año para aliviar las cuentas domésticas. Uno, que la inflación se ha tomado un respiro respecto a 2017 y los precios crecen de forma más moderada. El segundo, que el Gobierno, animado por el crecimiento, presionado por la oposición e incentivado por la cercanía de elecciones, se ha decidido a revalorizar los ingresos de los españoles.

Muchos colectivos se benefician. Los asalariados 'mínimos' agradecieron en diciembre que el Gobierno elevara su ingreso este año un 4%, hasta 736 euros en 14 pagas. La nómina de los funcionarios crecerá un 1,75% como mínimo y los convenios colectivos se firman hasta marzo con una subida media del 1,53%. Algunos pensionistas también están de enhorabuena. Si los tardíos presupuestos salen adelante, las viudas elevarían un 2% su prestación), las pensiones mínimas y no contributivas crecería un 3% y las contributivas inferiores a 700 euros brutos en 14 pagas (9.800 euros al año), hasta un 1,5%.

Todas estas subidas superarían el alza de precios prevista por los organismos económicos para 2018, que rondaría el 1,5% de media. Sus beneficiarios ganarían poder adquisitivo respecto a 2017. Pero, ¿y el resto? La subida para los asalariados fuera de convenio dependerá del acuerdo que llegue con su patrón. Pero el 'patrón' de los pensionistas es el Gobierno. Y muchos sí van a perder poder de compra. En concreto, unos cinco millones de personas.

El Ejecutivo ha limitado al 1% la subida a los pensionistas si cobran de 700 a 860 euros. Empleo no ofrece cifras específicas de beneficiarios contenidos en este tramo pero se pueden estimar en unas 1.225.000 personas que, si la previsión de inflación se cumple, perderían 0,45 puntos de poder adquisitivo este año. Junto a la erosión de 1,75 puntos que ya perdieron los pensionistas en 2017, la capacidad de compra de este colectivo mermaría en 2,25 puntos en dos años.

El alza para el resto de pensionistas es más parca aún: las prestaciones superiores a 860 euros limitarán su revalorización al 0,25% que el Gobierno impone desde hace cinco años por el exceso de déficit. Hasta 3.650.000 pensionistas forman parte de este colectivo, que acumularía tres puntos de pérdida de poder adquisitivo: 1,75 del año pasado y 1,25 en 2018.

¿Qué supone esta subida mínima en dinero? Al pensionista que cobra 2.000 euros, le aporta cinco euros más al mes; al que ingresa 900 euros, apenas 2,5 extra; y al que cobra 700, algo más, siete euros. Cantidades, en todo caso, que no dan ni para adquirir un abono transporte, ni para abonar una sola factura de luz, teléfono o gas. Y todo esto, cuando la preocupación ciudadana por las pensiones ha alcanzado su máximo de los últimos 30 años, según el CIS.

"La subida incluída en los presupuestos es la coartada para no garantizar que suban según el incremento del coste de la vida", reprochó la semana pasada la socialista Adriana Lastra al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a quien solicitó volver a indexar las pensiones al IPC. Las subidas de pensiones reflejadas en los presupuestos tampoco convencen a los sindicatos, que las consideran cortoplacistas, electoralistas y discriminatorias porque no benefician a todos.

"El Gobierno debería corregir la reforma de 2012 que genera esta pérdida de poder adquisitivo y no reaccionar solo a las protestas y solo para algunos colectivos", explica a 20minutos Carlos Bravo, secretario de protección social de CC OO. Volver a referenciar las pensiones a la inflación podría ser una de las medidas, pero no es la única. CC OO estima que lo importante no es el método usado, sino que el resultado sea el mantenimiento del poder adquisitivo del pensionista.

Fuente: Elaboración propia

"Hay países europeos que las indexan al IPC, otros a la subida salarial y otros al PIB. Solo los gobiernos de Irlanda y Lituania las actualizan de forma discrecional. Su Gobierno decide la cuantía. Pero el unico país que vincula las subidas a la situación financiera del sistema... es España", dice el portavoz de este sindicato que pide además más ingresos por cotizaciones, sacar del balance de la Seguridad Social sus gastos de gestión y elevar las transferencias del Estado al sistema.

Además, Bravo apunta que el Gobierno hinchó las cifras al hablar de que la subida de pensiones beneficiaría a más de seis millones de pensionistas. "Existen 2,3 millones de personas que reciben una pensión de viudedad, pero la letra pequeña de los presupuestos dice dice que solo se subirán a los mayores de 65 años y solo si no tienen otras rentas", dice. "Además, algunas de esas pensiones ya son mínimas y su subida queda absorbida por el complemento a mínimos".

El Ejecutivo también incluía en sus cálculos al millón de pensionistas que cobran menos de 18.000 euros y que se beneficiarán de la deducción en el IRPF. "La menor recaudación impositiva deteriora los servicios públicos y quien más lo sufre son las rentas más bajas, que son precisamente a las que se aplicará la rebaja", lamenta Bravo. "La renuncia a esos ingresos fiscales se vuelve al final en contra del colectivo que se beneficia de ella".

El Gobierno vetó en marzo una propuesta de Unidos Podemos que instaba a subir las pensiones según el IPC. El coste de la medida, según el Ejecutivo, añadiría 2.175 millones más al incremento de 5.188 millones que ya supondrá el pago de pensiones este año, por lo que dañaría los objetivos de reducción del déficit y, apoyándose en la Constitución, se impidió su tramitación parlamentaria. El partido morado lamenta que esa misma cantidad extra en la factura de las pensions es la misma que se gastará en "rescatar autopistas" y la misma que se dejará de ingresar por desgravaciones en planes de pensiones.