El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha dado marcha atrás a medias sobre sus polémicas declaraciones de hace un mes en las que subrayaba —en pleno debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones y su depreciación futura en cuanto entre en vigor el factor de sostenibilidad— el alivio económico que suponía para los pensionistas no tener que pagar "600 o 700 euros de alquiler" y solo los gastos de la comunidad de una vivienda en propiedad.

"Lamento el conflicto creado, no era mi intención. Si me equivoqué, lo lamento", ha anticipado Linde durante su comparecencia en la comisión que investiga en el Congreso la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro. Sin embargo, se ha ratificado en el mismo argumento que usó en aquel desayuno informativo organizado por la Asociación Española de Directivos (ADE) y Caixabank.

"Dije algo sencillo de explicar y solo destaqué un hecho macroeconómico indiscutible", considera Linde. El jefe del regulador bancario considera que las pensiones privadas en España son "poca cosa" en comparación con las públicas, un 5% según sus cálculos, que eleva a 5.000 millones en fondos privados de pensiones frente a los 130.000 millones que pesa la masa de pensiones pública.

"Eso no significa que los españoles no hayan ahorrado para su jubilación. Han ahorrado, pero lo han hecho en forma de comprar viviendas", abunda el gobernador del Banco de España. "La vivienda ha sido el ahorro básico de los españoles, es algo tan evidente, indiscutible y tan conocido que no pensaba que decirlo fuera a suponer un problema. Es obligación del Banco de España hacer didáctica, aclarar cosas y explicar los fenómenos económicos".

Linde considera que la opción de ahorro de los españoles a través de la vivienda se demuestra por la "importancia enorme" que tiene el crédito hipotecario en los bancos españoles. "Supone la mitad de los activos financieros del sector bancario", ha apuntado durante su comparecencia, en la que ha comparado la situación con Alemania, un país en el que la proporción de jubilados con vivienda en propiedad es 30 puntos inferior que en España.

El gobernador respondía así a la interpelación de Esther Capella, de ERC, que le reprochó sus palabras en pleno debate sobre el futuro de las pensiones. "No dije nunca que tuviese que tenerse en cuenta para subir menos la pensión, o para vender casas con hipotecas inversas. Eso son elocubraciones, inventos, cosas chifladas y locuras que ni se me han pasado por la cabeza".

Ha sido la segunda vez que Luis María Linde comparecía ante esta comisión, a la que ya acudió en julio del año pasado como primer compareciente. El responsable del Banco de España —que finaliza su mandato en junio— expuso el papel del supervisor durante la crisis bancaria, pero regresó hoy al Congreso para explicar su actuación desde 2012, el año que relevó a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, un período que atestiguó la nacionalización de Bankia o la resolución del Popular.

Sobre este último asunto, Linde ha explicado que no se otorgó al Popular la liquidez que pidió para superar su crisis porque no presentó las garantías suficientes.  "No es cierto que el Banco de España se negase a darle liquidez de emergencia, dimos todo lo que pudimos en función de las garantías aportadas por la entidad, tal y como exige la normativa".

El Gobernador del Banco de España explica que el regulador atendió dos peticiones de ELA (liquidez de emergencia) los días 5 y 6 de junio. La cantidad que pedía el Popular, recuerda, sobrepasaba los 2.000 millones de euros que marca el Banco Central Europeo como límite para poder entregar el dinero sin su autorización previa. "El BCE estuvo de acuerdo en sobrepasar esa cifra, pero no se llegó al importe total porque el Popular no pudo presentar esas colaterales", dice.

Linde defiende que el Banco de España actuó dentro de la "legalidad más estricta", que se reunió apenas media hora después de recibir la primera petición de liquidez a las 8:33am del día 5 de junio. Pero al no poder atender sus necesidades de liquidez, el Popular se declara quebrado y se desencadena el proceso de resolución.

"Ese proceso de resolución ya es competencia de la Junta Única de Resolución (JUR) y del Frob. El Banco de España solo tenía que opinar si el Santander era una entidad potente, adecuada y solvente para hacerse cargo del problema... y nuestra respuesta fue que sí. Que lo era", explica Linde. La entidad presidida por Ana Botín se hizo con el Popular dos días después a cambio de un euro y de hacerse cargo del agujero que presentaba la entidad.

El informe sobre el Popular elaborado por el JUR, sin embargo, determinaba que Banco Popular era una entidad solvente apenas dos días antes de su enajenación al Santander. Su problema, según la autoridad comunitaria, era de liquidez. Linde, sin embargo, se ha negado hoy a hacer pública la cifra de la liquidez que se otorgó y que fuentes de la entidad citadas por Europa Press cifran en 3.800 millones. "El BCE no nos autoriza a hacerla pública", ha zanjado.