El expresidente de la Junta José Antonio Griñán ha comenzado este miércoles, sobre las 10.40 horas, a responder a las preguntas del fiscal en el juicio de la pieza política del caso de los ERE al rechazar el exconsejero de Empleo Antonio Fernández seguir contestando al juez por sentirse "temeroso y aturdido".

La sesión de este miércoles iba a continuar con el juez Juan Antonio Calle replanteando a Fernández preguntas que en la instrucción le hizo la jueza Mercedes Alaya que no ratificó y ante la que dijo sentirse "acosado" y que no se respetaron sus derechos, una decisión que este martes adoptó Calle ante la sorpresa del exconsejero y las protestas de su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo.

El juez ha aceptado que Fernández ejerza su derecho y terminada su declaración ha subido al estrado Griñán, que se enfrenta a 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

Griñán, que fue consejero de Hacienda de 2004 a 2009 y presidente del Gobierno socialista andaluz de 2009 a 2013 y que ha asegurado que responderá a las preguntas del tribunal, del fiscal y de su abogado defensor, José María Mohedano, ha negado conocer "exactamente" el programa de las ayudas sociolaborales que daba Empleo investigadas en el caso de los ERE porque como consejero de Hacienda "no se puede llegar a ese detalle" y el programa era "insignificante" en el presupuesto de Empleo.

Las primeras preguntas del representante del Ministerio Fiscal se han centrado en su formación académica y sus distintas responsabilidades públicas en la Junta de Andalucía y el Gobierno de la Nación y han continuado con las órdenes ministeriales de los años 1994 y 1995.

Posteriormente, el expresidente ha dicho que como consejero de Hacienda no conocía al detalle la "multitud de programas" del Presupuesto andaluz y en concreto el relativo a las ayudas investigadas no fue objeto de especial análisis ni debate con el consejero de Empleo porque "era insignificante" dentro de sus cuentas.

Cuando el fiscal le ha dicho que era el de mayor volumen económico a excepción del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Griñán ha respondido que eso es como "quitarle el SAS a la Consejería de Salud".

El fiscal Anticorrupción Manuel Fernández ha exhibido un documento de diciembre de 2004 por el que Griñán, como consejero de Hacienda, elevaba al Consejo de Gobierno una modificación presupuestaria propuesta por la Consejería de Empleo para aumentar los fondos del programa de ayudas investigado detrayéndolo de otro.

Ante ese documento, Griñán ha sido rotundo: "Ese no es el documento que yo firmé".

Ha explicado que sí es su firma, pero que faltan hojas del mismo en las que constan el visto bueno de la Secretaría General Técnica de Empleo, de la Dirección General de Presupuestos y de la Intervención -los responsables de todos estos departamentos también se sientan en el banquillo- y por tanto "están cumplimentados todos los requisitos formales" y el consejero de Hacienda se limita al "trámite" de elevarlo al Consejo de Gobierno para su aprobación.

El fiscal ha dicho que "no se lo voy a discutir porque puede que conste", ante lo que Griñán ha insistido: "Es que es muy importante".

Una de las bases de la acusación a Griñán es que como miembro del Consejo de Gobierno aprobó las modificaciones presupuestarias que aumentaron los fondos del programa de ayudas de los ERE.

Se trata de un documento del que precisamente su abogado, José María Mohedano, pidió a la Junta una copia compulsada completa al detectar que al que consta en la causa le faltaban esas hojas con los tres vistos buenos, copia que ha remitido al tribunal.

Antes del receso de esta trigésimo séptima sesión del juicio, Griñán ha expresado que "ratifica" la declaración que realizó el 9 de abril de 2015 ante el Tribunal Supremo sin que hubiera sido preguntado sobre este extremo por el Ministerio Fiscal.

En dicha declaración, Griñán negó haber conocido, porque no le fueron remitidos, los informes de Intervención General de la Junta que advertían de irregularidades en los ERE fraudulentos y se desvinculó de la gestión de los gastos en ayudas sociolaborales.

Del mismo modo, el ex presidente andaluz se expresó en términos muy técnicos a las preguntas que le realizó el instructor y distinguió entre la gestión de los presupuestos, que sí era de su competencia --respecto a la cual defendió el uso de las denominadas transferencias de financiación-- de la gestión del gasto, que no era de su responsabilidad sino de la Consejería de Empleo.

En declaraciones a los periodistas a su salida del Supremo, Griñán dijo estar "muy satisfecho" por haber podido declarar en sede judicial, algo que se producía "tres años después de haber comparecido en la comisión de investigación del Parlamento andaluz que promovió el PSOE".

Griñán manifestó entonces su "rechazo" a todos los hechos irregulares que se han producido en la ejecución de una partida presupuestaria y se mostró "satisfecho" por "poder demostrar cómo la actuación de la Consejería de Hacienda y la Presidencia de la Junta de Andalucía fueron en todo momento conformes a derecho".

A la hora de referirse a la responsabilidad de la Consejería que dirigió entre 2004 y 2009, el expresidente andaluz incidió en que Hacienda "no es un órgano de fiscalización" sino que, "en todo caso", su cometido es de "presupuestación y recaudación", pero "nunca de fiscalización de otros departamentos".

Así las cosas, subrayó que "la presupuestación" se hizo "correctamente" y que la cuestión pudo estar en "el modelo de ejecución del gasto", que es algo que "siempre le corresponde al departamento que tiene asignado el crédito" que, en este caso, sería la Consejería de Empleo. "Nunca a otro departamento y nunca a la Presidencia de la Junta", insistió.

Tras afirmar que durante su declaración contestó a "todas las preguntas", negó que "hubiera un gran plan (para defraudar)", como defiende la jueza Mercedes Alaya, pero entiende que sí "hubo un gran fraude", lo que, según sus palabras, "significa que algunos de los controles pudieron fallar".

Griñán dijo que él recibió las memorias anuales, no los Informes de la Intervención, y que las primeras se elevaron al Consejo de Gobierno y se "instruyó" a la Intervención General para que "en caso de que no lo hicieran las consejerías destinatarias de esos informes o estimara que pudiera haber fraude en el estado de fondos públicos, elevara el informe de actuación".

En esas memorias, según reiteró, se decía "exactamente" que aquellos defectos que existían se iban a poner en conocimiento de las consejerías afectadas. El Gobierno andaluz le decía entonces a la intervención que, si no le hacían caso las consejerías o si estimaba que hubiera fraude, "efectuara un informe de actuación".