El que fuera presidente del Gobierno andaluz socialista durante 19 años, Manuel Chaves, ha declarado este lunes durante poco más de cuatro horas en la Audiencia de Sevilla por la denominada pieza política de los ERE, acusado de un delito de prevaricación por el que se enfrenta a diez años de inhabilitación.

El expresidente ha afirmado que en virtud de su cargo "conocía que en el Gobierno de la Junta de Andalucía se daban ayudas sociolaborales" pero "cómo se daban yo no lo sabía, no correspondía a mi ámbito político de decisión". En varias ocasiones ha subrayado que "cuál era el procedimiento, con qué requisitos o quiénes eran los beneficiarios -de las ayudas- no entraba en mi ámbito político de decisión".

Ha defendido que "en el contexto de confianza de un equipo de Gobierno" existía la convicción de que "cualquier ayuda" que se daba estaba conforme a ley. "Para mí es muy difícil pensar que en cualquier consejería se pudiera establecer un procedimiento conscientemente ilegal o para burlar la ley", ha defendido.

Chaves, que ha señalado que va a responder a las preguntas del representante de la Fiscalía, su defensa y el tribunal, ha apuntado que ha conocido en la causa las órdenes ministeriales de 1994 y de 1995 sobre ayudas previas a la jubilación y extraordinarias a trabajadores, firmadas por el entonces ministro de Trabajo, José Antonio Griñán.

También ha explicado que, ante las importantes crisis de empresas como Delphi o Santana, el Gobierno andaluz trabajaba en dos líneas, salvar a la empresa y proteger a los trabajadores. Chaves, que ha admitido que se ha reunido con comités de empresas o sindicatos, estableciendo en éstas que se procediera a la creación de una mesa de negociación para llevar a cabo un plan industrial, que podía contener ayudas sociolaborales.

Si el plan fallaba, según Chaves, "había normas" para establecer y conceder ayudas a los trabajadores. "Yo sabía que se daban ayudas sociolaborales, de la misma manera que se daban becas. ¿Cómo se daban? No lo sabía, pues no correspondía a mi ámbito político de decisión", ha expresado. "Cómo se hacía, los requisitos, las ayudas, los beneficiarios, etc. no los sabía", ha añadido.

De otro lado, ha señalado que las ayudas "extraordinarias", cuya excepcionalidad se establecía en función de "la intensidad de la gravedad" de la crisis de la empresa, eran como las que daba el Gobierno.

Chaves ha indicado que conoció las transferencias de financiación --instrumento utilizado para allegar fondos de la partida 31L al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posteriormente Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) para pagar las ayudas investigadas concedidas por la Dirección General de Trabajo--, siendo ministro y que éstas no se debatían en el Consejo de Gobierno de la Junta, que en la elaboración del presupuesto trabajaba con una media de 140 programas y miles de aplicaciones, por lo que no podía conocer todos los programas presupuestarios.

Precisamente sobre estos instrumentos de financiación, Chaves ha afirmado que, como se ha debatido en la causa, si las transferencias de financiación eran o no adecuadas, "no lo sé", precisando que "están en la Ley". Al hilo de esto, ha explicado que éstas se recogían en la Ley de Presupuestos de cada año que aprobaba el Parlamento, aseverando posteriormente que "una ley no puede ser ilegal".

Preguntado por las diferencias entre la fiscalización previa y el Control Financiero Permanente --sistema aplicado a IFA/IDEA--, el expresidente ha explicado que la fiscalización "no es de primera división" y el control "de segunda", sino que "una es tan importante como la otra".

Además, Chaves ha asegurado que "nunca conoció" el convenio marco de 2001 entre Empleo y el ente público IFA (luego IDEA) para que éste pagara las ayudas con fondos que la consejería que las concedía le enviaba mediante transferencias de financiación.

Tampoco conoció los diferentes borradores de decretos y órdenes para regularlas que no salieron adelante y nadie la planteó la "inexistencia de una base reguladora", pues "siempre he partido de que había una normativa que permitía dar esas ayudas" a trabajadores afectados por crisis laborales.

Chaves ha afirmado desconocer los informes de la Intervención de la Junta alertando del uso "inadecuado" del sistema de transferencias de financiación para que IFA/IDEA pagara las ayudas, que según la Fiscalía buscaba eludir la fiscalización previa.

Chaves, que presidió Andalucía entre 1990 y 2009, y que cuando estalló este caso, en 2011, era vicepresidente del Gobierno central, se sienta en el banquillo junto a otros 21 ex altos cargos de la Junta por haber creado o mantenido un "procedimiento específico" con el que se repartieron más de 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis entre 2001 y 2011, de forma arbitraria y eludiendo los controles, según la Fiscalía.

Ese sistema se implantó en 2001, siendo Chaves presidente, mediante un convenio suscrito entre la Consejería de Empleo y la agencia pública IFA (luego IDEA). A través del mismo, esta agencia pagaba las ayudas que concedía la Dirección General de Trabajo con fondos que Empleo le remitía mediante transferencias, un mecanismo que la Fiscalía y las acusaciones populares sostienen que se utilizó para eludir la fiscalización previa.

La defensa de Chaves sostiene que no conocía el detalle de cómo se concedían las ayudas de Empleo, sino la política general que las sustentaba; que partía de la "convicción" de que el procedimiento para repartirlas era legal y que el interventor nunca alertó de ilegalidades, "probablemente", porque no las vio.

Al igual que su sucesor en la presidencia andaluza, José Antonio Griñán, Chaves está retirado de la vida política pues ambos abandonaron sus escaños en las Cortes en 2015, y entregaron su carnet del PSOE, tras ser formalmente imputados por el Tribunal Supremo.