La Fiscalía belga ha pedido más información a las autoridades españolas sobre los exconsejeros de la Generalitat huidos a Bélgica, Toni Comín, Meritxell Serret y Lluis Puig, informó este miércoles Paul Bekaert, abogado de los políticos independentistas.

Según el letrado, como consecuencia de esa petición la vista ante el tribunal de primera instancia de Bruselas, para estudiar una posible extradición, ha sido aplazada al 16 de mayo próximo.

"La fiscalía no ha formulado aún el requerimiento" porque ha pedido "información suplementaria a España", explicó Bekaert a la prensa.

El letrado señaló este miércoles por otra parte que la decisión del juez alemán sobre la euroorden dictada contra el expresidente catalán Carles Puigdemont es "parcialmente positiva, porque no se ha aceptado la rebelión como motivo de extradición".

Añadió que las elecciones en Cataluña han demostrado que España "mete en la cárcel a elegidos parlamentarios".

Los exconsellers de la Generalitat de Cataluña huidos a Bélgica, Toni Comín, Meritxell Serret y Lluis Puig, llegaron poco antes de las 09.00 hora local (07.00 GMT) al tribunal de primera instancia de Bruselas, donde se debía celebrar una audiencia sobre la euroorden de España contra ellos.

El primero en personarse fue Puig, y minutos más tarde le siguieron Comín, que iba acompañado de su hermana y Serret.

Tras la vista del día 16 el juez tendrá quince días para decidir si les extradita o no.

Comín, Serret y Puig se pusieron a disposición de la Justicia del país el pasado 26 de marzo tras la nueva emisión de una euroorden contra ellos, y tras ello comparecieron ante el juez y quedaron en libertad condicionada.

Contra esta decisión cabe recurso ante el Tribunal de Apelación y, después, ante la Corte de Casación, que tendrán ambos quince días para decidir.

Según el procedimiento que rige las euroórdenes (que permiten la ejecución simplificada de mandatos de arresto de un país de la UE  por parte de otro) los países disponen de un total 60 días a partir de la detención de las personas buscadas para decidir sobre su entrega, plazo que puede ampliarse a 90 días en circunstancias excepcionales.

Como ya ocurrió en el anterior procedimiento de euroorden, los tres políticos independentistas están en libertad durante el proceso, aunque con medidas cautelares como no salir del país, comunicar su residencia y comprometerse a comparecer ante las autoridades siempre que sean requeridos.