Se trata del accidente más grave de la aviación comercial española en al menos 25 años y del siniestro ferroviario con más víctimas en España en más de seis décadas, pero el Congreso de los Diputados no los ha investigado hasta ahora, casi una década después del primero y cinco años después del segundo. La espera terminó, por fin, este miércoles, cuando la Cámara Baja constituyó las comisiones de investigación que analizarán la catástrofe de Spanair (ocurrida en 2008, y en la que fallecieron 154 personas) y la del Alvia (sucedida en 2013 y que dejó 80 fallecidos).

Las respectivas asociaciones de víctimas, que llevaban años reclamando una investigación de este tipo, celebraron la noticia: "Más vale tarde que nunca", comenta Rafael Vidal, uno de los pocos supervivientes del accidente de Spanair y miembro de la asociación de afectados de aquel vuelo, el JK5022. Vidal reclama que "se esclarezca" lo ocurrido y "se haga justicia", también en el ámbito de las responsabilidades políticas. En ese sentido, denuncia que hasta ahora "ha faltado voluntad política" para poner en marcha la comisión de investigación.

También comparte ese reproche Jesús Domínguez, integrante de la plataforma de víctimas del Alvia 04155: "Estamos contentos, pero han sido muchos años de lucha", recuerda. En este sentido, recuerda que desde que se aprobó la creación de la comisión hasta su puesta en marcha han pasado nada menos que siete meses. "No nos quejamos por quejarnos: queremos verdad, justicia y reparación", apunta. A su juicio, la causa de estos retrasos es que la investigación "incomoda a gente muy importante", entre la que cita a la actual presidenta del Congreso y ministra de Fomento en el momento del accidente, Ana Pastor (PP); o al exministro de Fomento José Blanco (PSOE), que inauguró la línea ferroviaria en la que se produjo el siniestro.

El 20 de agosto de 2008, un avión de Spanair que se dirigía a Gran Canaria se estrelló durante el despegue en el aeropuerto de Barajas (Madrid). Murieron 154 de sus 172 pasajeros. Antes de la maniobra de despegue, el comandante del vuelo había pedido la revisión de la aeronave al detectar una avería en el indicador de la temperatura. Un día después, la compañía confirmó que en un primer intento el avión no salió por un calentamiento excesivo.

En septiembre de ese año, el Wall Street Journal informó de que el avión salió sin los flaps –una pieza de las alas– correctamente configurados y que ninguna alarma alertó de ello. En 2010, la Cadena SER publicó una conversación entre los pilotos en la que una tercera persona que se encontraba en la cabina alertó de que la intervención de los mecánicos para solucionar el calentamiento excesivo era "un parche". El informe definitivo de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC) achacó el siniestro a un fallo de la tripulación no detectado por el sistema de alarma.

En el plano judicial, la Audiencia Provincial de Madrid archivó la causa penal en septiembre de 2012 al considerar que los técnicos de mantenimiento no fueron responsables y que la causa del accidente fue la actuación errónea de los pilotos, que fallecieron en el siniestro. Un año después, el Tribunal Constitucional rechazó un recurso de amparo de las víctimas. En 2015, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que también recurrieron los afectados, cerró definitivamente la causa penal. Ahora, el Congreso comenzará a investigar la ocurrido en la comisión, que solicitaron Unidos Podemos y ERC, y que preside Meri Pita (Unidos Podemos): "El mejor homenaje a las víctimas es evitar otra tragedia como esta", dice Pita a 20minutos.

El 24 de julio de 2013, un tren Alvia que cubría la ruta Madrid-Ferrol descarriló en la curva de A Grandeira, a apenas dos kilómetros de Santiago de Compostela. De las 247 personas que viajaban en el convoy, 80 murieron y más de 140 resultaron heridas. Fue el tercer peor accidente ferroviario de la historia en España desde que se tienen registros. El maquinista, que sobrevivió, admitió que iba a unos 190 kilómetros por hora en una zona limitada a 80, y el vaciado de las cajas negras reveló que hablaba por teléfono instantes antes del accidente.

Aunque hubo interrogantes sobre los sistemas de seguridad disponibles en aquel tramo desde un primer momento, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) determinó en junio de 2014 que el siniestro se debió al exceso de velocidad provocado por el maquinista y a su falta de atención. Sin embargo, la Agencia Ferroviaria Europea concluyó en julio de 2016 que la CIAF no cumplió durante la investigación con los requisitos de independencia a los que obliga la directiva comunitaria. Pese a ello, ni la agencia ni otras instancias comunitarias investigaron porque no tienen competencias para sustituir a los Estados.

Los tribunales españoles todavía no han dicho su última palabra. Tras el proceso de instrucción, en octubre de 2015, el juez y el fiscal propusieron cerrar la investigación y juzgar al maquinista como único responsable. El Ministerio Público pidió para él cuatro años de prisión y que indemnice a los afectados con casi 43 millones de euros. Sin embargo, la Audiencia Provincial ordenó en mayo de 2016 reabrir la instrucción para determinar si existían deficiencias de seguridad en la vía. Esa investigación aún no ha concluido y, por tanto, el juicio no se ha celebrado.

En el plano político, el Parlamento de Galicia –con el no del PP y la abstención del PSdeG– rechazó en varias ocasiones constituir una comisión de investigación. El Congreso también se negó en 2016, con los votos en contra de PP y PSOE. Ahora, sin embargo, los socialistas apoyaron su creación y ha sido posible su puesta en marcha: "El PP no era favorable a crear esta comisión", comenta su presidente, Feliu Guillaumes (PDeCAT) a 20minutos.