El informe que el juez del "procés" en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, encargó a la Guardia Civil revela que la Generalitat malversó 1.915.067,22 euros procedentes de fondos públicos en la organización y celebración del referéndum independentista catalán del 1 de octubre de 2017.

El partido VOX lo afirma así en su cuenta de Twitter, donde esta madrugada ha publicado que Llarena "acaba de levantar el secreto de la pieza separada de investigación de la posible malversación de caudales públicos acreditándose en la misma, según informe de la Guardia Civil, de la cantidad de 1.915.067,22 euros malversados".

VOX, personado como acusación popular en el proceso que se instruye contra los presuntos responsables del proceso independentista catalán, afirma que esta conclusión "deja en evidencia lo manifestado por el ministro (Cristóbal) Montoro".

El titular de Hacienda negó en una entrevista publicada el lunes por el diario El Mundo que en el referéndum del 1 de octubre se hubiera utilizado dinero público, lo que ha llevado este miércoles a Llarena a pedirle por escrito que explique "a la mayor brevedad posible" sus afirmaciones, al considerar que las fuentes de prueba acumuladas durante la instrucción contradicen esa conclusión.

Ante estos hechos, VOX ha solicitado "la inmediata dimisión/cese del ministro de Hacienda por haber faltado a la verdad y haber causado un grave perjuicio a la acusación penal contra los golpistas, perjudicando igualmente la aplicación de la euroorden y entrega de Puigdemont a España por Alemania".

El Ministerio de Hacienda y Función Pública, por su parte, se ha comprometido este miércoles a aportar al juez Llarena toda la documentación donde se detalla el control de la Ejecución presupuestaria.

En un comunicado, Hacienda ha asegurado que ve "positivamente" la providencia del juez porque da la oportunidad a ese departamento de aportar al Tribunal Supremo todas las actuaciones de control a los presupuestos de la Generalitat de Cataluña, que hasta ahora no se habían solicitado.

Vox pedirá que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, testifique ante el tribunal si sus explicaciones al juez sobre su negación de que haya habido malversación para pagar el 1-O no les satisfacen.

Los letrados Javier Ortega y Pedro Fernández, en representación de Vox, han hecho este anuncio en una comparecencia ante la sede del Supremo.

Consideran que la gravedad del delito de malversación cometido en el proceso soberanista impulsado por políticos y líderes sociales en Cataluña, que según un informe que obra en manos del juez se acerca a los dos millones de euros, es comparable con la gravedad de las manifestaciones del ministro Montoro negando ese mismo delito.

La Guardia Civil apunta que la Generalitat realizó pagos destinados al referéndum ilegal del 1-O camuflados en distintos gastos que fueron gestionados por la asociación civil independentista Ómnium (61.879 euros ) y por la coalición en el Gobierno Junts per Sí (17.690,20 euros), según se desprende del informe, que investiga la causa del 'procés' soberanista por delitos de rebelión, desobediencia y malversación de fondos públicos.

El informe, de fecha del pasado 27 de marzo, obra en la pieza separada sobre la malversación en el 'procés' cuyo secreto fue levantado este miércoles y detalla que la Generalitat, a través de Secretario de Difusión y Atención Ciudadana del Departamento de Presidencia de la Generalitat, utilizó Ómnium Cultural "como sociedad interpuesta" para realizar labores relacionadas con la solicitud a empresas de artes gráficas y distribución de carteles propagandísticos en los que se llamaba a la población a votar.

La elaboración y difusión de estos carteles con el logo de la Generalitat, las gestionó Ómnium para ocultar que era la propia Generalitat la que sufragaba gastos de estos carteles, que la Guardia Civil fija en 61.879 euros entre impresión y reparto.

En otro momento del informe se informa a Llarena que ya se dio cuenta al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona -que investiga la organización del 1-O-, de la documentación aportada por el Teatro Nacional de Cataluña que desvela que el grupo parlamentario Junts pel Sí abonó 17.690,20 euros para un acto celebrado el 4 de julio de 2017.

Otro punto novedoso del informe señala que las instituciones Delegación del Gobierno de la Generalitat de Cataluña ante la Unión Europea y el Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (DIPLOCAT), dependientes del procesado en prisión preventiva y exconsejero de Exteriores Raül Romeva han asumido gastos de fondos públicos que alcanzan la cantidad, según la Guardia Civil, de 217.656,22 euros. No obstante, añade el informe que "hasta la fecha no se ha llevado a cabo la ejecución" de estos mandamientos.

Los datos obran en un informe que detalla los gastos por partidas y acredita una supuesta malversación 1.915.067, 22 euros por parte de la Generalitat a los que habría que sumar los 17.690,20 euros supuestamente desviados por el grupo parlamentario Junts per Sí.

El informe sostiene que el dinero supuestamente malversado por la Generalitat de Cataluña para pagar observadores internacionales en el referéndum del 1 de octubre pudo llegar a 177.065 euros, si bien hasta el momento solo puede demostrar el abono de 119.700 euros.

Otro informe de la Guardia Civil ya conocido, y a partir del cual ordenó un registro en la sede de Diplocat el juez del 13 de Barcelona, quien investiga el 1-O, recoge dos transferencias realizadas por la Delegación del Gobierno de la Generalitat de Catatuña ante la Unión Europea por importe de 119.700 euros.

Ese dinero se empleó, aparentemente, en gastos de transporte y alojamiento para los observadores internacionales.

Pero en el informe ahora conocido se eleva esa cantidad y se señala que esos gastos supusieron para la Generalitat, además del coste de 119.700 euros, que se ha abonado, un compromiso de pago de 47.365 euros que, según dice literalmente la Guardia Civil en su informe, "se desconoce si se abonó o no".

La Guardia Civil también ha acreditado una nueva partida de más de 60.000 euros de papeletas y sobres intervenidos en Igualada (Barcelona) el pasado 20 de septiembre en un camión de marca Iveco que transportaba el material del referéndum ilegal del 1 de octubre desde una empresa de Lezennes (Francia).

Una de las líneas de investigación abiertas apunta a la participación en la elaboración de sobres y papeletas de la empresa francesa Ghesquieres Zi Le Hellu, con domicilio en el número 2 de Rue Paul Langevin, en Lezennes (Francia).

La investigación partió del registro, el 20 de septiembre, de un camión marca Iveco con matrícula francesa cuando se encontraba en el Polígono Les Comes de la localidad de lgualada (Barcelona). La inspección realizada en la citada nave y en el camión permitió la intervención de 15 palés de 120 cajas cada uno con 1.000 sobres cada caja y otro palé incompleto con 80 cajas, con 1.000 sobres cada caja, lo que sumaba un total de 1.880.000 sobres para el referéndum del 1-O.

Además, se decomisaron ocho palets, con 29 cajas cada uno, con 8.000 papeletas en cada caja, con un total de 2.496.000 papeletas. Los agentes de la Guardia Civil explican en su oficio que la intervención en Igualada generó un coste de 60.369,60 euros entre papeletas y sobres. Esta cifra la suma en una tabla al total de material del 1-O intervenido en este municipio de Barcelona y en Bigues i Riels, señalando que el gasto total asciende a 152.578,63 euros.

El Instituto Armado recuerda que la actuación se puso en conocimiento del juzgado de guardia de Igualada y que éste se inhibió a favor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que a su vez se remitió al Juzgado de instrucción número 13 que entiende sobre la investigación sobre las estructuras de Estado y los gastos para conseguir la independencia.

"Esta Unidad se encuentra a la espera de conocer qué entidad judicial es finalmente competente para entregar esas actuaciones que están finalizadas y solo a la espera de hacer entrega de lo actuado", señalan los agentes de la Zona de Cataluña al frente de las diligencias, que advierten que tienen "identificado a los responsables" de esta última adquisición de material requerida a la empresa francesa Ghesquieres ZI Le Hellu.