La Diputación de León pedirá al Gobierno una moratoria con modificaciones frente a la aplicación del Real Decreto 128/2018 anunciado el pasado 16 de marzo que obliga a las Juntas Vecinales a tener un secretario habilitado en lugar de un vecino que hacia las labores de ese secretario.

Así lo ha anunciado el presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, tras mantener una reunión este jueves con los portavoces de los diferentes partidos de la institución provincial, los representantes del Colegio de Secretario y los técnicos del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) para evaluar las posibles incidencias que puede provocar dicho Real Decreto.

Majo ha señalado que la disposición de colaboración del Colegio de Secretarios como del SAM es "total" para intentar buscar soluciones "inminentes" junto a la Diputación, aunque ha asegurado "no son fáciles de encontrar".

De hecho, ha afirmado que "el Colegio de Secretario se ha comprometido a hacer una consulta al Ministerio para solventar los temas puntuales que existen actualmente", que son principalmente temas relacionados con la PAC y con las certificaciones y los adelantos de obras que la Diputación ha concedido a las Juntas Vecinales.

Sin embargo, el presidente de la institución provincial se ha mostrado crítico porque considera que "no se puede hacer un Real Decreto y aplicarlo el día siguiente"; puesto que fue publicado el 17 de abril y entró el vigor el 18 de abril. Al respecto, Majo ha señalado que "es un momento en el que existen dudas y no se puede aplicar de hoy para mañana".

No obstante, Majo ha confirmado "nadie ha cesado a los secretarios vecinos ni ha nombrado a los nuevos secretarios". Y es que el problema radica en la interpretación de dicho Real Decreto y por ello, el Colegio de Secretarios va a redactar un escrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública para pedir una interpretación que contará con la firma de la Diputación de León.

SEGURIDAD JURÍDICA

Asimismo, el presidente de la institución provincial ha confesado "estar de acuerdo" en la seguridad jurídica que debe amparar a las Juntas Vecinales para que tengan de alguna manera tengan el control o tratamiento administrativo correspondiente, pero "no de una forma tan brusca". Por eso, ha recalcado que van a intentar que exista ese periodo transitorio y comprobar cuál es la "fórmula" más adecuada para resolver dicho problema

Por otro lado, la presidenta del Colegio de Secretarios de León, Pilar Ortega, ha recordado que desde el principio ellos manifestaron su postura contraria a la redacción de este Real Decreto porque creen que "no puede ser una medida de carácter general porque las Juntas Vecinales no son un problema"; sin embargo, es un tema que afecta a más 1.200 Juntas Vecinales en León y más de 3.000 en España.

Entre los posibles soluciones, Ortega ha argumentado que "hay que articular una estructura que sea un poco racional y que se pueda cumplir porque el ejercicio de las funciones reservadas conlleva una responsabilidad". A lo que ha añadido que "para asumir esa responsabilidad los funcionarios habilitados necesitan que se les garantice que en los puestos de trabajo van a poder disponer de una serie de medios y posibilidades de ejercer sus funciones"; ya que necesita un registro, una administración electrónica y cumplir una serie de trámites.

De cara al futuro de estas entidades, la presidenta del Colegio de Secretarios de León cree que "hay que hacer un análisis racional de lo que son las Juntas Vecinales, exponer realmente quiénes son y qué hacen". Un problema que opina que debe evaluarse "despacio" para buscar una solución que "seguro que la hay", pero estima que "deben buscar un hueco para ejercer sus competencias dentro de la legalidad". No obstante, ha apuntillado que la realidad es que "no hay suficientes secretario para el trabajo que se viene encima".