Defensor del Pueblo ve "responsabilidad" de todas las administraciones en la situación de los niños de La Zarza

  • HUELVA, 20 (EUROPA PRESS)
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu.
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu.
Europa Press/Archivo
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha recogido en su informe de 2017 la situación vivida el pasado mes de septiembre por cuatro menores de La Zarza, una aldea de Calañas (Huelva), quienes llegaron a convivir varios días con el cadáver de su madre y de su pareja sentimental de ésta en una vivienda sin que nadie se diera cuenta de la situación en la que se encontraban.

En su informe, consultado por Europa Press, el defensor ha señalado que, "aunque no cree que pueda achacarse de forma directa y exclusiva a ninguna administración, todas las que han intervenido han tenido parte de responsabilidad en su labor preventiva ya que, por lentitud en su intervención, por ser ésta poco eficaz, o por ausencia de una ágil coordinación con otras administraciones, finalmente no se pudieron aplicar medidas eficaces que contribuyeran a superar las carencias de la familia".

Cabe recordar que el defensor interpuso una queja cuando sucedieron los hechos, que se destaparon tras la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, momento en el que los menores quedaron al cargo del ente público de protección, que posteriormente confió su guarda provisional al padre biológico de tres de ellos, encontrándose en trámite el procedimiento judicial para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de estas personas.

Según refleja el defensor en su informe, esta familia procedía de Huelva capital y había sido objeto de supervisión tanto por los servicios sociales comunitarios, por el equipo de tratamiento familiar y también por el Servicio de Protección de Menores.

En el curso de esta intervención se detectaron indicios de desprotección, con constantes alertas sobre las carencias que soportaba la familia y que incidían en el bienestar de los menores. Aún así, según señala el defensor en su informe, "en todas estas intervenciones se consideró que eran susceptibles de ser solucionadas en el propio medio y por dicho motivo no se adoptó la decisión drástica de retirar la custodia a la madre".

De forma paralela, el padre de tres de los menores venía litigando ante el juzgado de familia para que le otorgaran a él la custodia de sus hijos, habiendo presentado denuncias en las que relataba las carencias que estos soportaban.

Por su parte, la madre se desplazó desde Huelva a La Zarza junto con sus hijos y al llegar allí solicitó ayuda de los servicios sociales, ya que "ni disponía de una vivienda adecuada ni de medios económicos con que costear un alquiler, siendo su situación muy precaria".

A lo más que pudo llegar la intervención de los servicios sociales municipales y los correspondientes a la Diputación de Huelva es a iniciar un programa de intervención con la familia, facilitando en primer lugar una ayuda para la adquisición de material de la cual no pudieron llegar a disfrutar al producirse el fatal desenlace.

En la actualidad las circunstancias del fallecimiento de la pareja son objeto de investigación por parte del juzgado, lo cual no quita para que desde la oficina del Defensor del Pueblo resalten que "cómo a pesar de haber intervenido en el caso diferentes administraciones, esta familia estaba sumida en un proceso de progresivo deterioro, en una situación de pobreza que cada vez condicionaba más su bienestar, especialmente de los menores que dependen del cuidado que puedan prestarle las personas adultas que los tienen a su cuidado".

VALORACIÓN DE LA JUNTA

Por su parte, en rueda de prensa el delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta en Huelva, Rafael López, y pregutado por este asunto, ha mostrado sus respetos al informe del Defensor, aunque ha dejado claro que cree que la Junta "ha actuado bien" en este caso, no obstante van a estuadiar sus circunstacias por "si se ha fallado en algún momento".

El delegado ha recordado que cuando estaban en Huelva el equipo de tratamiento familiar "atendió a esta familia, a la madre y a los cuatro hijos", y en La Zarza actuaron los Servicios Comunitarios.

En este sentido, ha dejado claro que "cuando tenemos noticias sobre un menor en riesgo, los servicios sociales actúan de inmediato" y ha recordado que la Junta actuó en 2006 y "se cerró la IPE porque no hubo indicadores de desprotección".

Por último, López ha dejado claro que "la coordinación con la Fiscalía y los juzgados en estos casos es muy fluida", así como que "lo más importante ahora es que los niños están bien, están integrados y van a la escuela".

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