La dirección del Colegio Público de Educación Especial (CPEE) Santiago Ramón y Cajal de Getafe ha defendido que las acusaciones por parte de varios padres del trato vejatorio del profesorado hacia sus hijos con autismo son "totalmente falsas". En concreto, se han referido a la primera denuncia recibida de unos padres de un menor de 8 años, al asegurar que se le trató con "cariño", "respeto" y desarrollando las medidas ajustadas a sus necesidades educativas.

Además, en un comunicado, han asegurado que se mantuvieron diversas reuniones con la familia del menor, que ya está en otro centro, y que "en ninguna" los padres expusieron "sospecha alguna" del presunto maltrato denunciado.

En el comunicado, el centro emplaza a las familias a realizar una serie de reuniones para contestar a todas las dudas y con datos "objetivos" sobre la "verdad" de este caso, después de conocerse que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Getafe investiga a tres trabajadoras por un presunto delito de acoso y trato degradante así como uno de lesiones psicológicas a un escolar de 8 años con un trastorno de autismo que estuvo en el colegio.

En este sentido, expone que el alumno estuvo en el centro durante un total de 34 días lectivos y el último día al que acudió a clase fue el 9 de noviembre de 2017, coincidiendo con el momento en que el centro descubrió que el menor tenía un dispositivo en su ropa para hacer grabaciones.

El menor ha estado escolarizado "en dos escuelas infantiles, tres CEIPs en el 2º ciclo de Educación Infantil, en los que recibió apoyos muy extraordinarios y un colegio concertado de Educación Especial específico en Trastorno del Espectro Autista", destacan. "En todos ellos, su conducta fue similar a la que presentó durante el periodo de escolarización en nuestro centro, con informes psicopedagógicos, médicos y educativos que lo acreditan", asegura la dirección del Santiago Ramón y Cajal.

A su vez, el centro asegura que se han mantenido "numerosas reuniones" con la familia para trabajar en una línea de actuación para poder ayudar al alumno a mejorar "tanto a nivel personal como educativo".

"En ninguna reunión los padres expusieron sospecha alguna de los hechos que han denunciado en los medios de comunicación. Lo que sí manifestaron los padres en las reuniones era su pretensión de cambio de modalidad educativa (escolarizar al alumno en un colegio ordinario con aula de apoyos intensivos), insistiendo en que el departamento de Orientación del centro realizara un informe que apoyara sus expectativas, no ajustadas con el perfil psicopedagógico del alumno", recalca la dirección del centro.

A su vez, explica que también se ha intervenido con otras familias para "el desarrollo integral" de todos los alumnos y que las acusaciones sobre la actitud del centro ante este caso son "totalmente falsas", como así se ha trasladado al juzgado que investiga la denuncia. También expone que el equipo directivo ha informado de todo el proceso a los representantes del AMPA y del Consejo Escolar, así como a todas las familias que han preguntado sobre este asunto.

Por otro lado, los trabajadores del centro han asegurado que están siendo amenazados y la portavoz del AMPA ha dicho en declaraciones a la La Sexta que "se están recibiendo llamadas de amenazas de muerte y al personal del centro se les ha seguido con coches, a nosotros en las redes sociales nos están acosando", ha enumerado.

Una tercera familia de un alumno de 13 años con autismo de este centro ha solicitado a la Consejería de Educación el traslado a otro centro, según han indicado fuentes de este departamento, que han señalado que el escrito refleja su queja por el trato que recibe su hijo en este colegio.

Las mismas fuentes detallan que ese documento no supone una denuncia ante la Inspección Educativa sino una solicitud de traslado al entender que el menor no recibe un trato adecuado en el Santiago Ramón y Cajal.

Con ello, se une a la segunda familia que sí ha denunciado trato vejatorio en este colegio y que también ha reclamado un cambio de centro para su hijo con autismo, de 10 años.

Ahora, la Consejería estudiará las diferentes alternativas para ver si se puede acometer este cambio y se transmitió a los padres su disposición a atender cualquier aspecto que traslade a la administración educativa.