La sección penal de la Comisión General de Codificación, órgano que debe revisar los delitos sexuales en el Código Penal tras la sentencia de La Manada, ha celebrado este jueves su primera reunión, que ha comenzado con la renuncia de uno de sus miembros y la incorporación puntual de cuatro mujeres, pero después, y de forma unánime, ha decidido posponer los trabajos hasta que la composición de sus miembros sea "paritaria".

El orden del día de la reunión se ha visto trastocado precisamente por la polémica composición de la sección penal, fuertemente criticada en los últimos días por su carácter exclusivamente masculino (20 hombres y ninguna mujer). Los congregados han decidido suspender los trabajos hasta que el grupo asesor sea paritario, no de forma temporal para este encargo, sino de forma permanente. En concreto, la sección saltaría a tener de 20 a 30 integrantes.

Fuentes consultadas por 20minutos han explicado que no hará falta que dimita ninguno de los miembros varones actuales, porque a la primera reunión han acudido 19 miembros de pleno derecho (hombres) y  cuatro mujeres: Avelina Alonso de Escamilla (catedrática de Derecho Penal de la Universidad CEU San Pablo), Carmen Lamarca Pérez (Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Carlos III), Blanca Hernández Oliver (letrada de las Cortes Generales y exdelegada del Gobierno de Violencia de Género) y Victoria Ortega (presidenta del Consejo General de la Abogacía Española). Pero algunos han causado baja allí mismo.

Según Europa Press, la reunión de este jueves dio comienzo precisamente con una tercera dimisión en horas, la de Javier Moscoso del Prado, alegando precisamente "la falta de paridad del órgano". Antes habrían dimitido Francisco Muñoz Conde y Mirentxu Corcoy, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, al percatarse de que no se trataba de una incorporación permanente a esa comisión, sino de una participación puntual.

El Ministerio de Justicia informó en un comunicado que la sección había acordado por "unanimidad" solicitar al ministro de Justicia la integración en ella de "vocales permanentes" hasta el número máximo previsto en la regulación vigente, "a fin de lograr una composición equilibrada de mujeres y hombres". "El ministro hace suya la propuesta y en la línea en que venía trabajando el Ministerio con los nombramientos recientemente efectuados va a proceder a completar la composición de este órgano asesor", continúa el comunicado.

La Comisión tiene el encargo del Ministerio de Justicia de plantear posibles cambios en la redacción del Código Penal, que, según argumenta el ministro, Rafael Catalá, citando la jurisprudencia del Supremo, es "farragosa y compleja" en cuanto a los delitos sexuales.

El encargo es consecuencia de la reacción social a la sentencia del caso de La Manada, en la que la Audiencia de Navarra condenó a los cinco acusados a nueve años de prisión por abuso sexual agravado, pero no por violación.

La clave de la sentencia está en que los jueces no entendieron que hubiera violencia o intimidación en la actuación del grupo y esos son los elementos que distinguen entre una agresión sexual o violación y un abuso sexual, aunque éste sea con penetración.

La reunión llegaba precedida por la polémica, en especial por la composición del órgano, formado por veinte hombres y ninguna mujer, lo que motivó que 25 catedráticas de Derecho Penal pidieran que todos los miembros de la comisión dimitieran y se nombrasen nuevos integrantes a partir de un criterio de paridad.

También el PSOE y Unidos Podemos han tomado iniciativas parlamentarias para tratar de promover ese reparto igualitario.

La comisión, que preside Esteban Mestre, se había propuesto en su primera cita seleccionar los temas y la metodología de trabajo, fijar un calendario de ponencias y la convocatoria de asociaciones y otros representantes de la sociedad civil que pudieran aportar su visión al respecto del trabajo encomendado. Finalmente, la reunión se ciñó exclusivamente a la composición del órgano y su interés de que sea paritaria.