Para Santos, "la lucha contra la despoblación debe empezar por garantizar la igualdad de los servicios que se prestan a los ciudadanos, cualquiera que sea su lugar de residencia, un principio básico y fundamental garantizado por la Constitución", ha dicho en una nota de prensa.

En el caso de Correo, ha dicho que concierne directamente al Gobierno por ser una empresa perteneciente íntegramente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y adjudicataria del Servicio Postal Universal, así como porque "tanto él como el propio Ministerio de Fomento son Autoridad Nacional de Reglamentación del servicio postal".

Santos ha recordado que Correos decidió en 2018 "discriminar las tarifas destinadas al envío de periódicos y publicaciones gravando un promedio del 30 por ciento los precios del envío de prensa a poblaciones de menos de 50.000 habitantes" y a aquellas otras que, o bien no son capitales de provincia, o bien carecen de oficina de correos, a las que denomina Zonas B.

Estos incrementos de precios podrían suponer un "perjuicio" para los habitantes de las zonas más despobladas "al ver limitado su derecho de acceso a la información especialmente grave teniendo en cuenta que dichas zonas coinciden con la España rural más despoblada, la misma que está teniendo un acceso más lento y precario a internet, y donde, consecuentemente, los ciudadanos carecen de alternativas para acceder a estos recursos informativos y de comunicación", ha esgrimido Santos.

INICIATIVAS

La senadora ha impulsado varias iniciativas parlamentarias incidiendo en "las claras obligaciones de Correos" y en la defensa de "los principios de equidad y no discriminación" del medio rural y como una medida efectiva contra la despoblación, "un problema especialmente acuciante en Aragón", ha apuntado.

El Gobierno reconoce, en respuesta a estas iniciativas -que también se han traducido en mociones en ayuntamientos y diputaciones-, "que la distribución de publicaciones periódicas no se incluye entre los servicios postales sujetos a obligaciones de servicio público".

Esto supone que "no le son de aplicación los principios de equidad y no discriminación, ni las condiciones de distribución de dicho tipo de envíos", sino que la prestación de estos servicios "debe realizarse en régimen de libre competencia y con precios basados en criterios de mercado", han detallado desde el PAR.

Este partido ha mostrado su "perplejidad" ante esta respuesta del Ejecutivo, "más que discutible desde el punto de vista jurídico, ya que el artículo 21.2 de la Ley de 2010, del Servicio Postal universal y de los derechos de los usuarios y del mercado postal, sí contempla el envío de prensa y publicaciones periódicas dentro del ámbito del servicio postal universal".

En todo caso, Santos ha manifestado que "por afectar a un derecho tan básico como el derecho a la información de los habitantes de las zonas menos pobladas, no debería discutirse su inclusión entre las obligaciones de servicio público, que en el cumplimiento de sus funciones de interés general y social a que se refiere la ley, contribuye a la cohesión social y territorial y al logro de los objetivos de equidad".

ASIGNACIONES DE LOS PGE

El PAR también ha explicado que para el cumplimiento de estos objetivos a cuenta del Servicio Postal Universal, Correos ha recibiendo asignaciones de los Presupuestos Generales del Estado que el Tribunal de Cuentas ha cifrado en 920 millones de euros entre 2011 y 2016.

Al respecto, la senadora del PAR ha considerado "imprescindibles la sensibilidad y el compromiso" hacia el medio rural y en la lucha contra la despoblación, "que se concreten, junto con otras medidas, en el Plan de Prestación del Servicio Postal Universal, previsto en el artículo 22.3 de la vigente Ley y pendiente de aprobación desde 2011".

Este Plan debe incluir las condiciones de prestación del servicio particularmente en zonas en las que existe muy baja densidad de población, el procedimiento para la evaluación del coste del citado servicio y su forma de financiación y los criterios que habrán de tenerse en cuenta para determinar la contribución a ella del Estado, en línea con las conclusiones del último informe sobre Correos emitido por el Tribunal de Cuentas.

"Sin duda dicho Plan, contribuiría al cumplimiento de los principios de transparencia, equidad y no discriminación", ha concluido la senadora aragonesa.