La actuación arrancó a raíz de un informe de la Inspección Provincial de Trabajo y la Seguridad Social de Castellón, que advertía que un empresario de Vinaròs podría presentar en tres de sus sociedades a trabajadores con altas ficticias.

Los sospechosos contaban con un contrato laboral que les confería cierto grado de arraigo social para obtener beneficios penitenciarios o relacionados con la Ley de Extranjería. No solamente tramitaban las altas, sino que a los falsos empleados les cobraban cantidades de entre 200 y 5.000 euros para que entraran a trabajar.

Los guardias civiles han contabilizado hasta 124 contratos fraudulentos a la Seguridad Social. El total de lo defraudado ascendería a un total de 142.769 euros, entre 2013 y 2017.

Por todo ello, el empresario y el gestor, de 49 y 50 años, fueron arrestados en las localidades castellonenses de Peñíscola y Vinaròs, como supuestos autores de un delito de fraude a la Seguridad Social. Las diligencias han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción de Vinaròs.