Castilla y León cuenta actualmente con más de 2.200 escombreras ilegales

  • La Junta de Castilla y León tiene actualmente localizadas 2.263 escombreras ilegales en las distintas provincias de la Comunidad, unas zonas a las que pretende dar respuesta con la puesta en marcha de una campaña para intervenir y rehabilitar los espacios que hasta el momento ocupan estos residuos.
Firma del acuerdo con la Diputación de Salamanca
Firma del acuerdo con la Diputación de Salamanca
EUROPA PRESS
Firma del acuerdo con la Diputación de Salamanca

El director general de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez, ha apuntado en Salamanca que el objetivo principal es "acabar con los depósitos ilegales" como ya hizo la Junta con el sellado de 560 vertederos de residuos domésticos, que ya se sellaron en la región.

No obstante, ha apuntado sobre las escombreras, que es "un problema" que necesita de la cooperación y sensibilización "de todos", pues no solo se trata de eliminar los espacios degradados sino también de conseguir que no vuelvan a tirarse escombros fuera del sistema de recogida y tratamiento medioambiental del que ya dispone Castilla y León.

Jiménez ha explicado que la Comunidad suma una treintena de plantas para el reciclaje de estos escombros, que luego pueden reutilizarse para el arreglo de caminos o para hormigonar distintas actuaciones.

Así lo ha señalado durante la firma de un acuerdo con la Diputación de Salamanca para eliminar 61 escombreras en la provincia, un número que podría ampliarse en el caso de que haya más peticiones por parte de los ayuntamientos.

Para ello, la Junta invertirá 383.000 euros, a lo que se sumará más de un millón de euros por parte de la Administración Provincial para dar servicios a los municipios que soliciten sumarse al sistema para la recogida de los escombros y posterior traslado a las plantas de tratamiento.

Actualmente, la Junta de Castilla y León ya ha firmado acuerdos con ocho provincias para la eliminación de las escombreras existentes, tan solo falta Burgos, y, con este fin, el Consejo de Gobierno de la Junta firmó en febrero de 2017 una inversión de 9,6 millones de euros, dentro del programa para la recuperación ambiental de zonas degradadas por el depósito de residuos inertes en la Comunidad.

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