El inmueble en cuestión se localiza en pleno centro neurálgico de Sevilla y después de haber funcionado durante décadas como comisaría de la Policía Nacional, fue cerrado en 2003, siendo cedido al Ayuntamiento por parte del Ministerio de Interior. El edificio, además, ha sido declarado como Lugar de Memoria Democrática a cuenta de su papel durante los años de la dictadura franquista, extremo que lo somete a una regulación específica por parte de la Junta de Andalucía.

A lo largo de los años, el Ayuntamiento ha intentado varias veces vender el inmueble, aunque nunca ha tenido éxito. En el pasado mandato, el entonces gobierno local del PP promovió de hecho una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para reclasificar el edificio de suelo de interés público y social (SPIS), a suelo de gran superficie comercial, si bien al arrancar el actual mandato, con el PSOE al frente del Consistorio, se desistió de completar dicha recalificación para decidir qué uso dar al edificio.

Para ello, sobre la mesa han pesado distintas propuestas para destinar el edificio a un hotel, un espacio de salud y deporte, un centro de investigación y emprendimiento universitario, un espacio socio cultural o un enclave dedicado a la memoria histórica.

No obstante, el acuerdo alcanzado entre el Gobierno local del PSOE y el Grupo popular del Ayuntamiento para que los populares se abstuviesen en el pleno destinado a votar la aprobación inicial del proyecto presupuestario de 2018 incluía el compromiso de promover una nueva recalificación del edificio, para que el mismo admita usos terciarios y así intentar vender de nuevo el inmueble.

OPERACIÓN DE RENOVACIÓN

Todo ello, en el marco de una operación destinada a ofertar a un inversor privado el aprovechamiento de este edificio, a cambio de que costee la restauración del antiguo convento de San Hermenegildo para su uso como espacio sociocultural y la reurbanización de la plaza que separa a ambos enclaves.

Pues bien, en un contexto en el que el pleno del Ayuntamiento aprobó ya la idea de emprender dicha operación, con el voto a favor del PP y el PSOE, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra de Participa e IU, el Ayuntamiento hispalense ha adjudicado ya el nuevo contrato anual de vigilancia y seguridad del edificio de la Gavidia.

Este contrato, según los términos del mismo, recogidos por Europa Press, ha sido promovido por la vía negociada sin publicidad y contaba con un presupuesto máximo de 70.384 euros, para cubrir las labores de vigilancia del edificio durante diez meses, toda vez que finalmente ha sido encomendado a la empresa Focus Seguridad por 64.735 euros.