El Congreso de los Diputados podrá debatir la admisión a trámite de la proposición de ley de Unidos Podemos que contiene medidas para frenar la subida de los alquileres y que, en determinados casos, plantea introducir un tope legal a las rentas. En los últimos tres años, la subida de los precios ha sido del 40% en Cataluña y del 30% en Madrid en los últimos tres años, según estadísticas de portales inmobiliarios. De hecho, más de la mitad de los españoles consideran que los alquileres han subido tanto que compensa más pagar una hipoteca que un alquiler, de acuerdo con un estudio reciente.

El plazo de un mes que tenía el Gobierno para bloquear la tramitación de esta ley concluía este martes a las 20.00 horas y, según fuentes de Unidos Podemos a 20minutos, el Ejecutivo no ejerció esa capacidad de veto, lo que hubiera implicado que la proposición ni siquiera se hubiera debatido y que, por tanto, no se podría haber aprobado. La única opción para levantar el veto habría sido que lo decidiera la Mesa, donde PP y Ciudadanos suman mayoría. De los más de 50 vetos impuestos por Rajoy en esta legislatura -más que los de cualquier otro Gobierno desde 1978-, el partido naranja ha respaldado al PP en todos salvo dos.

La proposición de ley de Unidos Podemos [ver en PDF] plantea alargar los contratos y abre la puerta, por primera vez, a establecer precios máximos que deberían cumplirse por ley. Lucia Martín, diputada y coportavoz en el Congreso de En Comú Podem –la confluencia catalana de Podemos–, explica a 20minutos que la iniciativa se elaboró teniendo en mente que la vivienda principalmente "es un derecho básico" y "un bien social", y no un "activo financiero o de inversión". "Hay que equilibrar la situación", subraya la parlamentaria catalana.

Para lograrlo, entre otras medidas, el texto del grupo morado incluye la ampliación de la duración de los contratos, que pasarían de tres a cinco años. Además, las prórrogas que pueden pactar arrendador y arrendatario pasarían del año actual a otros cinco, y serían obligatorias –salvo renuncia del inquilino– en el caso de las viviendas que pertenecen a personas jurídicas. Además, se introduciría un nuevo contrato de duración protegida que tendría una vigencia de 10 años y podría prolongarse por otra década más, y que podría ser objeto de beneficios fiscales para los propietarios.

La novedad más importante, quizá, es el límite por ley a los precios del alquiler. La iniciativa señalaba que en aquellas zonas que se declarasen "áreas urbanas con mercado de vivienda tensionado", la administración establecería un precio de referencia que marcaría el máximo que se podría cobrar por un alquiler. La competencia correspondería a las comunidades autónomas y, en el caso de Madrid y Barcelona, a los ayuntamientos.

Para la declaración de zona tensionada se tendrían en cuenta factores como la evolución del precio de los alquileres, la existencia de gran demanda, los procesos de gentrificación o la proporción de sus rentas que destinan las familias de la zona al pago de la vivienda. La consideración de zona especialmente tensionada tendría una vigencia máxima de cinco años, aunque podría ser nuevamente aprobada con posterioridad. La proposición contemplaba, finalmente, poner límite a las fianzas, que podrían ser únicamente de una mensualidad para los inmuebles ue se utilicen como vivienda.

En la primera semana de mayo, en cambio, el Gobierno sí vetó una proposición de ley del PSOE que también buscaba contener la evolución alcista de los alquileres. Uno de los puntos de la iniciativa socialista era también la ampliación de la duración de los contrarios, que pasarían a durar cinco años inicialmente y podrían prorrogarse otros tres con acuerdo de las partes. Beatriz Corredor, secretaria de Políticas Públicas de Vivienda de la Ejecutiva federal del partido, argumenta en conversación con 20minutos que los actuales tres años "no son nada para poder tener un proyecto de vida".

Otro de los problemas actuales, insiste Corredor, es que "los precios están subiendo muy por encima de los salarios". Ante esa situación, planteaba dos medidas: recuperar la deducción fiscal para los inquilinos y un esquema de incentivos fiscales para los propietarios. Fueron esas propuestas las que sirvieron al Gobierno como argumento para vetar la tramitación de la proposición, ya que implicaban una disminución de los ingresos para las arcas públicas.

En concreto, la proposición del PSOE planteaba que la administración fijase un precio de referencia para cada zona. Si el propietario ofreciese su piso a un precio menor, podría desgravarse en el IRPF entre el 60% y el 100% de lo ingresado. Además, los inquilinos con una base imponible inferior a los 30.000 euros anuales en la declaración de la renta podrían acceder a deducciones por alquiler de hasta 910 euros al año, al margen de otros beneficios que pudieran conceder las comunidades autónomas. La iniciativa del PSOE también limitaba las fianzas que podían pedirse en alquileres inferiores a 1.200 euros, ponía coto al alquiler turístico y reformaba la ley del suelo para favorecer la construcción de un parque de vivienda pública en régimen de alquiler.