PSOE exige al Gobierno "responsabilidad" y que colabore en los trabajos de la fosa de Pico Reja

  • Los diputados del PSOE por Sevilla Antonio Pradas, Carmen Cuello, Antonio Gutiérrez Limones y Amalia Rodríguez, junto al portavoz de Constitucional, Gregorio Cámara, han registrado este miércoles en el Congreso, una Proposición no de ley relativa a realizar los trabajos correspondientes en la fosa de Pico Reja en Sevilla, para su debate en la Comisión Constitucional.
Pradas, Cuello, Gutiérrez Limones y Rodríguez, diputados del PSOE
Pradas, Cuello, Gutiérrez Limones y Rodríguez, diputados del PSOE
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Pradas, Cuello, Gutiérrez Limones y Rodríguez, diputados del PSOE

La proposición no de ley "insta al Gobierno a que colabore con los trabajos que se están realizando en la recuperación y delimitación, por parte del Ayuntamiento de Sevilla, de la fosa de Pico Reja, ubicada en el cementerio hispalense y en la que se supone que hay más de 1100 víctimas del franquismo", según ha leído Pradas.

Dicha fosa forma parte de un conjunto de cinco pero "es la más grande de ellas, ya que tiene las dimensiones de 700 metros".

Pradas ha recordado que el Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla, junto con asociaciones de memoria histórica, "han firmado un convenio para hacer un trabajo arqueológico sobre la fosa y comenzar los trabajos de dignificación" de las víctimas que hay allí, entre los que "se cree que se encuentra muchos líderes provinciales víctimas del franquismo tales como el propio Blas Infante o milicianos extranjeros que vinieron a la Guerra Civil".

El coordinador de los diputados de Andalucía ha subrayado que la iniciativa pide al Gobierno que "forme parte" de ese convenio que han firmado todas las administraciones con las asociaciones de Memoria Histórica y haga su aportación a esta tarea "ya que es competencia del Gobierno". En este sentido, Pradas ha denunciado "la dejación total" que viene haciendo el Ejecutivo sobre la aplicación de la Ley de Memoria Histórica del año 2007.

Por último, ha aludido a las "700 fosas", de las cuáles 138 se encuentran en Sevilla", datadas en Andalucía, lo que supone "aproximada mente 46.000 víctimas". "Exigimos al gobierno que cumpla con su responsabilidad legal y constitucional y no eche balones fuera al resto de administraciones, que si bien están dispuestas a hacer dicho esfuerzo, al menos que aporten lo mismo que ellas", ha concluido.

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