Tribunales.- Acusado dice que el despacho investigado en 'Hidalgo' no decidía las operaciones de los clientes

  • Uno de los abogados acusados en el caso 'Hidalgo', contra el blanqueo de capitales y el delito fiscal en torno a un despacho de abogados de Marbella (Málaga), ha asegurado que este bufete, para el que trabajaba, no decidía las operaciones, inversiones o pagos de los clientes extranjeros, sino que eran éstos los que lo hacían.
Juicio del caso 'Hidalgo' sobre blanqueo de capitales
Juicio del caso 'Hidalgo' sobre blanqueo de capitales
Europa Press - Archivo
Juicio del caso 'Hidalgo' sobre blanqueo de capitales

La Sección Novena de la Audiencia de Málaga ha celebrado este miércoles una nueva sesión del juicio por este caso, en el que inicialmente había 14 acusados, aunque finalmente son nueve los que siguen en el banquillo, tras dos retiradas de acusación, el acuerdo con uno de ellos y dos que están enfermos.

Según la Fiscalía Anticorrupción, este abogado acusado es uno de los miembros del bufete y constituyó junto al responsable del mismo, Rafael Cruz-Conde -fallecido- y otro procesado una sociedad interpuesta supuestamente utilizada como parte de otras radicadas en paraísos fiscales para gestionar bienes y fondos.

La acusación pública sostiene que presuntamente "un determinado número de clientes" del bufete "se han servido del sistema de ocultamiento de fondos diseñado por el citado despacho para eludir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales frente a la Hacienda Pública española, omitiendo el pago de los tributos exigibles".

El procesado ha insistido en que "jamás el despacho ha tomado decisiones sobre pagos o ingresos" de sociedades de los clientes, sino que eran ellos los que lo hacían, limitándose el trabajo del bufete en comunicar las decisiones a los gestores de las empresas para que las cosas "se hicieran como se debía".

Ha asegurado que él no es especialista en tema fiscal y ha dicho no saber por qué los clientes mantenían una estructura societaria en otro país a pesar de que eso tuviera un coste y de que, según la Fiscalía, las decisiones se tomaran desde España; reiterando sobre este último extremo que eso "no tenía por qué" ser así.

La Fiscalía Anticorrupción achaca a los acusados delitos contra la Hacienda Pública de distintos ejercicios y blanqueo, según su escrito provisional. Así, entre los procesados se encuentran, además de letrados del bufete, asesores fiscales y clientes, tanto personas físicas como sociedades, algunas relacionadas con la promoción inmobiliaria y otras con intereses diversos, como la comercialización de productos petrolíferos.

En su acusación inicial, a la que ha tenido acceso Europa Press, el ministerio público considera que el mencionado despacho de abogados supuestamente proporcionaba al cliente "las estructuras societarias precisas para ocultar tanto la titularidad de los bienes y fondos a invertir en España como el origen de los mismos", buscando en algunos casos el fin de "eludir el pago de tributos".

Entre las fórmulas usadas, se constituía una mercantil española -sociedad limitada- que aparecía participada por una entidad radicada en un paraíso fiscal -Gibraltar, Panamá, Islas Vírgenes Británicas, etcétera-. Otras veces se creaba una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal, cuyo titular era otra entidad de un paraíso fiscal -Antillas Holandesas-, según el fiscal.

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