Ha sido este miércoles cuando ha tenido lugar una nueva reunión de la ponencia de la citada norma, que precisamente preside Llamazares. A preguntas de Europa Press, el parlamentario ha explicado que ha trasladado a los diferentes grupos la necesidad de agilizar los trabajos para poder contar ya con el informe a mediados de junio.

Ha explicado que los trabajos han resultado "muy complejos" y que se está trabajando prácticamente sobre un texto nuevo respecto al inicial, al introducirse nuevos temas.

Ha aludido en este punto a todo lo referente a los lobbies de presión, la estrategia preventiva de informes de riesgos o la mayor exigencia en materia de publicidad y cuentas abiertas. La cuestión relativa a la denuncia anónima, motivo de discusión, está "prácticamente desbloqueado", y se incluirán varios artículos de protección del denunciante y otro que se referirá a la denuncia anónima.

Uno de los mayores obstáculos que tiene el texto a día de hoy, según Llamazares, es la adscripción del nuevo organismo. En principio, la idea era que dependiera de la Junta General del Principado de Asturias, para garantizar su independencia. No obstante, los servicios jurídicos han advertido que esa posibilidad no permitiría generar ninguna plaza, ya que eso es algo que no permite el Ministerio de Hacienda.

Existe otra alternativa, que sea que dependa simplemente a efectos presupuestarios de la Consejería de Hacienda. "Llevamos tiempo dándole vueltas", ha señalado Llamazares, que ha dicho que ese es uno de los asuntos que queda por resolver. La próxima reunión de la ponencia de la ley de Transparencia y Buen Gobierno tendrá lugar el próximo 7 de junio.