Acosada por sus vecinos, Isabel lleva siete años esperando a ser realojada por el Ivima

  • Ha dado dos fianzas, pero la mudanza no llega.
  • Intentaron dejarla ciega.
  • El juez ha condenado a sus agresores por "maltrato".
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Isabel, en su casa de San Martín, con sus cosas embaladas.
Isabel, en su casa de San Martín, con sus cosas embaladas.
Jorge París
Isabel, en su casa de San Martín, con sus cosas embaladas.

Las cajas para un cambio de vivienda que no termina de llegar se apilan en el maltrecho salón de Isabel Mínguez, una vecina de 32 años de San Martín de la Vega, que desde 2002 soporta las amenazas de la familia con la que comparte rellano en un piso del Ivima (Instituto de la Vivienda de Madrid).

Todo comenzó cuando la asistencia social la sacó de la calle hace siete años (donde acabó por problemas con su pareja) y le concedió su actual residencia en San Martín de la Vega (por la que dio una fianza).

Una semana después llegaron sus vecinos y "comenzaron los problemas", dice al borde de las lágrimas. Y todo porque querían "quedarse con mi casa", asegura Isabel, que no se despega de su perro por si la atacan.

"Me pega si se enfada con su novio, si no toma la medicación...", dice refiriéndose a la vecina que intentó dejarla ciega con un spray y que ha sido condenada por una "falta de maltrato", según la sentencia.

"No ingreso un duro"

Ante la situación, los servicios sociales decidieron pedir al Ivima un traslado de domicilio, explica en una carta remitida a 20 minutos y al Defensor del Pueblo, que ha admitido a trámite su caso.

Isabel creyó entonces que su calvario tenía los días contados y entregó otra fianza de 248 euros (la segunda) por el supuesto traslado a Moratalaz. "Me dijeron que la casa la habían okupado y que no podía ser", explica. Pero ella ya había embalado sus cosas.

Para compensarla, le ofrecieron otra casa en Vallecas, pero le pedían otra fianza (387 euros), "que no puedo pagar porque no me han devuelto nada de las anteriores".

Y es que Isabel sólo cobra 390 euros de una renta mínima de inserción y que, según dice, le han retirado. "Este mes no me han ingresado ni un duro". Aunque la Consejería de Asuntos Sociales asegura que cobra dos pensiones, ella lo desmiente mostrando su cartilla.

La joven tampoco percibe ayuda del Ayuntamiento. "Me han prohibido ir a los Servicios Sociales", dice. Mientras el Consistorio ha declinado hacer declaraciones, el Ivima afirma que la han requerido dos veces para firmar la nueva casa y no ha ido. Ella asegura que no ha recibido nada. De la fianza, "la compensarán", dicen.

Separada de sus dos hijas

La precariedad en la que vive Isabel (sin piso definitivo ni trabajo) le ha obligado a desprenderse de sus hijas. La mayor, de ocho años, está con la familia paterna, y la pequeña, de tres, en un hogar de acogida y tutelada por los servicios sociales. "Sólo quiero recuperarlas", dice, mientras sostiene la foto de las niñas.

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