Ni todo es Cataluña ni de todo se puede culpar a la inestabilidad política de Cataluña. En 2017 perdieron la vida en las carreteras españolas 1.200 personas, un 3% más que en 2016. Desde hace dos años, el descenso de la mortalidad por accidentes de tráfico iniciado a principios de siglo ha dado paso a un inquietante ascenso. Las cifras del año pasado son provisionales, lo que permite augurar que las definitivas serán peores.

En paralelo, hemos conocido otras: el número de policías nacionales y guardias civiles ha descendido desde 2011 en un 10%; hay 8.792 menos en activo. Eso también se ve en las carreteras. La legendaria pareja de motoristas, eficaz símbolo de la autoridad vial, ha pasado a la historia. Los expertos llevan años advirtiéndolo: sería deseable una mayor presencia policial en las vías públicas. No es cuestión de estética, sino de operatividad; baste un ejemplo: coincidiendo con el recorte de personal ha bajado el número de controles de alcoholemia. Si en 2012 se practicaron 6,5 millones de pruebas, en 2017 la Guardia Civil tan solo realizó 4,6 millones; el descenso es del 29%. Difícil separar estos datos del primero que apuntamos: el año pasado tres personas murieron cada día en las calzadas españolas.

Preguntado el Gobierno por esa inquietante deriva estadística (en particular, el descenso de policías y guardias civiles), la ha relacionado con los ajustes presupuestarios derivados de la crisis. O sea que la crisis, que teóricamente había terminado, no solo sigue provocando penuria, desigualdad e incertidumbre, sino también inseguridad y muertes. Otro día hablaremos de las que causa por deterioro de la sanidad y la asistencia social, pero en un hospital a eso no lo llamarían ‘crisis’, sino ‘fallo multiorgánico’ del sistema.

Empezó con una crisis financiera internacional; siguió con una crisis económica y social, de la que no nos hemos recuperado; una cadena de crisis institucionales y políticas, de las que, a este paso, no nos recuperaremos nunca; una crisis de liderazgo, a la que hemos ido poniendo parches sobre la marcha, y una crisis territorial que últimamente ha eclipsado a todas las demás. ¿Qué tienen en común esas crisis? La falta de respuestas adecuadas por parte de los organismos que deberían darlas, la parálisis de la administración pública, que sobrevive por inercia y por oficio de los funcionarios, y la incompetencia de nuestros representantes a la hora de cerrar acuerdos en defensa del interés general, a pesar de que el mandato de los ciudadanos hace imprescindibles esos pactos.

Llegado ese punto, hablemos de Cataluña, donde han vuelto a quedarse bloqueados. Aunque los catalanes han elegido el parlamento más representativo de su historia, no parece que los elegidos vayan a resolver con facilidad el sudoku que la voluntad popular ha puesto en sus manos y que pasa por cerrar acuerdos entre representantes de diferentes intereses y sensibilidades. La solución definitiva es imposible si las partes implicadas se ven a sí mismas como bloques y se niegan a hablar con los del bloque contrario, olvidando que los ciudadanos no votan bloques, sino propuestas y en su mayoría son partidarios de vivir en concordia y en paz.

Corremos el riesgo de que en Cataluña (con las sabidas agravantes judiciales) pase en 2018 lo que pasó en España en 2016; tras un largo recital de incompetencia, volvieron a convocar las elecciones con el resultado conocido: un parlamento inoperante que no le mete mano a asuntos esenciales y vive ajeno a problemas cotidianos como las pensiones, la precariedad, el deterioro de servicios públicos y derechos ciudadanos o esas muertes en carretera que están aumentando por falta de respuestas adecuadas a la crisis. Porque es ahí, y no en Cataluña, donde está el problema: en la incompetencia y la falta de respuestas a los problemas reales de la gente.