Pintar un paso de cebra, abrir a su hora los mercados municipales, tramitar un empadronamiento, elaborar una ruta escolar segura… son miles las pequeñas acciones cotidianas que realiza un Ayuntamiento. Somos la administración más próxima a la ciudadanía: la que normalmente primero sabe de un problema, primero la atiende y, sobre todo, primero lo previene. Por eso es tan importante que las corporaciones locales podamos prestar un servicio completo y de calidad a nuestros vecinos y vecinas. Sin demoras. Pero estos servicios públicos a la ciudadanía solamente se pueden prestar si disponemos de unos recursos –técnicos, humanos y económicos– suficientes. Por eso en Valencia organizamos las primeras Jornadas Municipalistas por una Financiación Local Justa.

Las fuentes de financiación de los ayuntamientos proceden, básicamente, de los tributos y tasas propias del municipio (tales como el Impuesto de Bienes Inmuebles o el Impuesto de Actividades Económicas, entre otros), y de las transferencias del gobierno central. Los gobiernos municipales, que también somos Estado, le pedimos al gobierno central que repare la actual financiación a los ayuntamientos, claramente insuficiente, por un sistema más justo, no ya con las corporaciones, sino con la ciudadanía a la cual servimos.

Por eso, desde Valencia, exigimos una reforma de la Ley de Haciendas Locales, de manera que los ayuntamientos podamos flexibilizar nuestros tributos. ¿Qué significa esto? Poder establecer modificaciones, bonificaciones o incluso exenciones, atendiendo a la realidad social, económica y ambiental de nuestros municipios. La administración local es mayor de edad, sabe regirse y ha demostrado en términos de deuda que también sabe administrarse; por ello, además, decimos que no es lógico que, siendo las únicas instituciones que presentan superávit, seamos en cambio las más tuteladas y castigadas por los actuales planes de ajuste y la regla del gasto.

Al mismo tiempo, como alcaldes y alcaldesas, reivindicamos un mayor peso en la distribución de los impuestos del Estado, tales como el IRPF o el IVA, de manera que las transferencias que recibimos sean acordes a las competencias que prestamos.

Para ello abogamos por la necesidad de modificar la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local y la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. No es posible que la administración más próxima a nuestra vecindad no disponga de los recursos suficientes para lograr que los intereses ciudadanos cuajen. En Valencia vamos a lanzar esta alerta desde la más absoluta diversidad ideológica y también territorial. Alcaldes y alcaldesas de todas las capitales de provincia y grandes ciudades del Estado, junto con sus concejalías de Hacienda, nos reunimos en Valencia para hacer oír los intereses ciudadanos. Optamos por el diálogo y por establecer consensos, porque los máximos beneficiados de ello van a ser nuestros propios vecinos y vecinas.

Otro de los asuntos que se abordarán es la necesaria modificación de la Ley de régimen fiscal de las entidades y organizaciones sin ánimo de lucro, para adaptarla a la realidad del país. En los últimos siete días me he reunido personalmente con representantes de cuatro confesiones religiosas distintas, y con tres de ellas -las más numerosas en volumen de creyentes- hemos firmado diversos convenios para garantizar la libertad religiosa en nuestra ciudad en determinados aspectos. Pero esto solo se consigue desde una posición de neutralidad y respeto a todas las personas, creyentes y no creyentes, así como entidades, confesionales o civiles. No es comprensible hoy en día que algunos negocios, por el mero hecho de estar vinculados a una entidad religiosa, puedan quedar exentos del pago de sus tributos municipales. Resulta de ello un agravio comparativo con el resto de la ciudadanía en general, y con el ámbito empresarial en particular. De ahí nuestra voluntad de abordar de una manera rigurosa el ya famoso debate sobre el pago del IBI por parte de las entidades sin ánimo de lucro (a excepción de aquellos inmuebles dedicados al culto y a la asistencia social).

En definitiva, los Ayuntamientos miramos por nuestra ciudadanía, mediante un debate sereno, sosegado, desde unas convicciones firmes y al mismo tiempo abiertos al diálogo y al consenso.