Que España es uno de los países con mayor desempleo juvenil de la Unión Europea es cosa sabida. De hecho, y prácticamente desde los años noventa, la tasa de desempleo juvenil en España doblaba la tasa general de desempleo. Con la crisis, la brecha se incrementó y hoy la tasa de paro se sitúa en un 41,7% para menores de 25 años y en un 58,7% para los menores de 20 años, llegando a alcanzar el 61,8% en el caso de las mujeres menores de 20 años. Somos además uno de los países de la Unión Europea con mayor porcentaje de NI-NIs (Ni estudian, ni trabajan), y el tercero donde la tasa ha crecido con mayor fuerza desde el año 2016, detrás de Grecia e Italia.

Estas tasas de desempleo, unidas a una mayor tasa de temporalidad y una mayor precarización de las relaciones laborales, dificultan en gran medida no sólo el acceso a la vida independiente, sino también condicionan en buena parte el desarrollo de las futuras trayectorias vitales y profesionales de toda una generación.

Conscientes de estos problemas, la Unión Europea puso en marcha en 2013 el principio de "Garantía Juvenil", por el que todos los jóvenes de la Unión Europea recibieran, en el plazo de cuatro meses tras terminar su formación formal o perder su empleo, una alternativa de entre estas cuatro: una oferta de empleo, una propuesta de formación continua, una formación como aprendiz o un periodo de prácticas.

Para ejecutar dicha garantía, la Unión Europea puso en marcha la Iniciativa de Empleo Juvenil, que focalizaba los esfuerzos financieros en las regiones de la Unión Europea con una tasa de desempleo juvenil superior al 25%, y que concentraba su actuación en los NI-NIs. Para el período 2014-2020, la Iniciativa Juvenil se dotó con un total de 6.400 millones de euros para toda la Unión Europea, partida que se incrementó en 2016 hasta los 8.400 millones de euros.

España, como no podía ser menos, se configuró como uno de los principales países beneficiarios de la iniciativa, recibiendo inicialmente unos 2.360 millones de euros. Para ello, se aprobó en 2013 el Plan Nacional de Implementación de la Garantía Juvenil, consistente en una serie de medidas destinadas a mejorar la intermediación y la empleabilidad de los jóvenes, así como favorecer la contratación y el emprendimiento. Para ejecutar este plan, se redactó un Programa Operativo de Empleo Juvenil, que debía servir como guía para la puesta en marcha y ejecución del presupuesto asignado para las actuaciones no sólo de las Comunidades Autónomas sino del conjunto de la Administración General.

Los resultados, casi cuatro años más tarde, no han sido positivos. Hasta principios de 2016, el nivel de ejecución de las iniciativas planteadas apenas llegaba al 15%, ampliándose el plazo para la ejecución para evitar perder hasta un 40% del total de los fondos disponibles. En abril, un informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea cuestionaba los resultados obtenidos por la iniciativa en España, donde el 47% de los beneficiarios volvía, una vez terminada la ayuda, a su situación previa. Una buena parte de la iniciativa se tendrá que ejecutar aceleradamente durante 2017, esperemos que con mejores resultados.

La iniciativa de empleo juvenil en España es un verdadero caso de estudio sobre lo que no nos podemos permitir: cómo un problema acuciante y urgente como el desempleo juvenil se encuentra con financiación para ser abordado y falta de capacidad y medios para ejecutar adecuadamente los fondos y generar resultados. Puede que la iniciativa esté mál diseñada de partida, o puede que la arquitectura o la falta de capacidad institucional dificulte su puesta en marcha hasta paralizarla. Lo cierto es que no lo sabemos con exactitud. Desentrañar este misterio sólo será posible si se realiza una evaluación independiente que permita aprender lecciones para el futuro. Ojalá lo veamos.